EL JUICIO
Este miércoles comenzó
el juicio oral y público en el que se encuentra imputado un abogado por hechos
que fueron calificados como tentativa de extorsión. En el alegato de apertura
el fiscal ratificó su acusación, en tanto que el defensor adelantó que volverá
a plantear la nulidad de las escuchas telefónicas que comprometen a su
defendido.
Dos puntos neurálgicos tendría este debate a la luz de lo
planteado por la defensa en su alegato inicial. La estrategia defensista no
negaría los hechos, sino que apunta por un lado en procurar que no se acepte el
contenido de las escuchas telefónicas en el juicio, y por otro intentará
demostrar que los hechos no se ajustan a ninguno de los tipos penales
propuestos por la fiscalía: ni extorsión, ni coacción.
El primero de los planteos ya fue discutido en la audiencia
preliminar y ahora se reeditarán sus fundamentos. La defensa había planteado que al igual que para los allanamientos en
estudios jurídicos, debe darse aviso previo al Colegio de Abogados. El juez de aquella audiencia coincidió con
el fiscal en que en el caso de las escuchas telefónicas se está ante una medida
de imposible cumplimiento si se da aviso a alguien, indicando que el imputado
no sufrió ningún agravio constitucional. El análisis se expondrá ahora al
Tribunal Unipersonal que encarna la Dra. Anabel Rodríguez.
La acusación
El domingo 10 de
febrero de este año a las 15 hs. aproximadamente, un detenido judicial en
Comisaría Trevelin dejó una computadora personal encendida en su celda,
grabando en video mientras él atendía familiares ya que era día de visitas. El aparato
registró a dos oficiales, un hombre y una mujer, que ingresaron al calabozo,
revisaron y luego se abrazaron. Fernando Rivarola adelantó que se demostrará la
relación preexistente entre estos dos oficiales.
El 20 de marzo de este año, cuando el imputado en
su calidad de abogado defensor de un detenido en la comisaría de Trevelin, se
entrevistó con una oficial de policía intimidándola con manifestaciones como “…
vamos a hablar a calzón quitado, yo tengo una filmación donde apareces con otro
oficial en los calabozos, mientras los internos no estaban, haciendo cosas que
vos sabés que vas a perder tu carrera si yo vendo el video…” Luego de esto le
habría pedido el traslado de su defendido y dinero por su silencio. Después
existieron comunicaciones telefónicas entre la víctima y el imputado en las que
discutieron el monto, acordando una suma menor que debería abonarse por sistema
de homebanking. El imputado prometió que una vez que se verificara la
transferencia destruiría el registro audiovisual.
El 28 de mayo se
encontraron a las 10:30 hs. en una estación de servicios de Esquel. Allí la
oficial verificaría la existencia del video. En ese contexto el imputado fue aprehendido
por personal policial.
“Luego de recuperada su libertad, el
imputado, procedió a concertar entrevistas periodísticas en forma personal,
facilitando a los distintos medios de comunicación masiva (orales y escritos)
copia del video obtenido por el interno, concretando sus amenazas de difundir
el mismo tanto en aquellos medios como en internet, concretando el perjuicio
amenazado”, indicó Rivarola.
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