En audiencia oral y a puertas cerradas a pedido de la Defensa, se declaró legal la detención de dos adolescentes menores de edad a los que la Fiscalía les imputó la coautoría en el delito de incendio intencional con peligro común para los bienes. Los jóvenes fueron aprehendidos el domingo a las 18:30 vinculados al principio de incendio en el faldeo de la Ruta 259, atrás de una estación de servicios.
Un llamado
al 101 alertó a la policía sobre un principio de incendio. Efectivos de la
Comisaría Segunda concurrieron inmediatamente, un hombre que descendía por un
sendero les indicó las características de cuatro adolescentes que lo habrían
encendido y que luego abandonaron el lugar caminando por las vías en dirección al
Ejército. Siguiendo estas indicaciones los policías lograron aprehenderlos.
Los cuatro
fueron llevados a las dependencias policiales. Allí asistió la funcionaria de
turno Ruth Monge y por la Asesoría de Familia el abogado adjunto Miguel
Contreras. También se hicieron presentes los padres. Los dos más chicos, de 14
y 15 años, fueron entregados a sus progenitores luego de la revisación médica, en
tanto que los otros dos permanecieron internados en el COSE en espera de la audiencia
de control de la detención y formalización de la investigación.
El defensor
Marcos Ponce pidió que la audiencia se realice a puertas cerradas, tal como lo
prevé la normativa cuando hay menores de edad involucrados.
Monge describió
los hechos calificándolos como Incendio Intencional con peligro común para los
bienes.
Marcos
Ponce se opuso a la calificación legal provisoria ofrecida por la Fiscalía.
Fundamentó los motivos por los que considera que en el caso concreto no existió
un peligro posible, inmediato y concreto debido al lugar donde se inició el
fuego y las condiciones meteorológicas reinantes. Y planteó que su oposición se
debe a que con una calificación menos grave, como cree que corresponde al caso,
sus defendidos no son imputables.
La juez
Anabel Rodríguez declaró legal la detención y formalizada la investigación,
según el caso planteado por la Fiscalía. A pedido de la Dra Monge, los cuatro
menores involucrados no podrán tener contacto entre ellos durante todo el
proceso.
La
magistrada pidió la colaboración al área de Comunicación Institucional del MPF
para recordar a los medios de comunicación la prohibición de dar datos de todos
los menores presuntamente involucrados, conforme lo establece el Código Procesal
Penal y la Ley 4347. "No puede darse los nombres de los menores, ni ningún
dato que permita identificarlos", resaltó.
No hay comentarios:
Publicar un comentario