Homicidio de Pilar Codesal

El Superior Tribunal de Justicia declaró inadmisible el recurso extraordinario

El 18 de diciembre se conoció la sentencia absolutoria del tribunal de juicio. En enero la Fiscalía presentó un recurso extraordinario ante el Superior Tribunal cuestionando la sentencia por considerar que los magistrados omitieron o fragmentaron al valorarla, parte de la prueba producida. Esta semana se conoció el fallo de máximo tribunal provincial, declarando inadmisible el recurso, sin dar tratamiento puntual a los cuestionamientos realizados. Para los ministros de la Sala Penal, se trata de una cuestión de criterio en la valoración de la prueba y ellos no tienen competencia para imponer su criterio sobre el de los jueces del debate. La Procuración General analiza si es viable la presentación de un recurso extraordinario federal.

El tribunal de juicio compuesto por Martín Zacchino, Martín O' Connor y Anabel Rodríguez, absolvió a Facundo David Lara porque según los fundamentos del fallo, el juicio no les permitió alcanzar el grado de certeza necesario para dictar una sentencia condenatoria, aunque tampoco arrojó certeza de que el imputado no fuera el autor del crimen.

Luego de conocer esta decisión, el fiscal Fernando Rivarola presentó un recurso extraordinario planteando que la sentencia inobservó las normas del Código Procesal en lo que hace a la valoración de las pruebas, considerándola infundada por falta de fundamentación suficiente y principalmente, por haberse omitido valoración de prueba decisiva y por fragmentar su análisis. Rivarola planteó que esto llevaba a que las conclusiones de los jueces resultaran arbitrarias alejándose de la lógica, la experiencia y la ciencia. Por estos motivos planteó al Superior Tribunal, que la sentencia fue un acto jurisdiccional inválido, afectando a la eficiente tutela judicial de las víctimas.

En un muy breve fallo en el que no abordaron el fondo de los planteos de la Fiscalía, los ministros consideraron que no se evidencia el apartamiento de las reglas del correcto pensamiento o que las conclusiones que justifican el sentido de la decisión jurisdiccional sean mero acto de voluntad de los jueces actuantes sin sustento en las pruebas.

Para ellos el recurso ataca el valor otorgado por los magistrados a la prueba, discrepa pero esto no sirve para anular la sentencia. "La Sala en lo Penal no tiene competencia para imponer un criterio propio sobre los hechos del proceso", concluyeron declarando inadmisible la impugnación.

La Procuración General analiza los antecedentes del caso para saber si es posible intentar otra vía recursiva.

Pilar Codesal de Williams fue hallada sin vida en su vivienda el 22 de enero de 2015.

Reunión con la Brigada de Investigaciones

Los fiscales Fernanda Révori y Marcelo Cretton visitaron las instalaciones de la Brigada de Investigaciones de la Policía en Esquel. Los fiscales dialogaron con el personal sobre diversos temas que hacen al trabajo entre ambas instituciones.

El encuentro se realizó en cumplimiento por lo dispuesto en la Instrucción 03/16 de la Procuración General, que indica a los fiscales la coordinación y realización de reuniones con policías de cada una de las comisarías de la circunscripción.

En la reunión con la Brigada se analizaron situaciones concretas de intervención de esa dependencia en investigaciones en curso, trámite procesal de las investigaciones, análisis conjunto con el fiscal del caso, recursos materiales disponibles y necesidades más inmediatas a resolver e implementación de protocolos, entre otros temas.

Homicidio de Benjamín Barría

Última etapa de la investigación

Comenzó la audiencia preliminar en relación a uno de los tres imputados por el crimen que se llevara la vida de Barría en 2015. Hay otros dos imputados, uno de ellos fue declarado en rebeldía, en tanto que respecto del tercero la investigación fue prorrogada y la Fiscalía cuenta con plazo hasta el 5 agosto para presentar la acusación pública. La audiencia iniciada este miércoles, finalizaría en aproximadamente 20 días.

La dilación que se produjo para finalizar la audiencia preliminar, se debe a que una pericia ofrecida como prueba aun no concluyó. La defensa, representada por Marcos Ponce, considera que el resultado de esa prueba será una de las claves de su defensa ya que permitiría precisar la fecha de la muerte que la acusación sitúa entre el viernes 31 de julio y el lunes 3 de agosto del pasado año. Al conocerse los resultados, el defensor los analizará para saber si deberá presentar nueva prueba.

El funcionario de Fiscalía, Guillermo Moré, indicó que se busca ir a un único juicio con los tres imputados.

El hecho

Benjamín Barría vivía en el Pasaje Indígenas del Barrio Baden I, Esquel. Los investigadores creen que estaba dormido cuando fue sorprendido por los imputados que ingresaron a la vivienda y le propinaron múltiples golpes con elementos punzo cortantes y romos. La herida recibida en la cabeza resultó letal.

Dos de los imputados, los hermanos Diego y Hugo Ibañez, fueron condenados recientemente por atentado a la autoridad agravado a la pena de seis meses de prisión de cumplimiento efectivo. Uno de ellos se encuentra imputado en otra causa respecto de la que ya se presentó acusación pública.

El tercer imputado, Mario Daniel Fernández, dejó el domicilio que había fijado ante el juez y por esta causa tiene pedido de captura.

Pedidos de sobreseimiento

El pedido de sobreseimiento de cinco personas vinculadas a la investigación por usurpación en un lote ubicado en la intersección de las rutas 40 y ex 40, fue tratado en una audiencia. La defensa pidió el sobreseimiento de Martiniano Jones Huala por el vencimiento de los plazos procesales y porque no se otorgó el plazo extraordinario solicitado por el fiscal Oscar Oro. También solicitó el sobreseimiento de otras cuatro personas que fueron imputadas en la investigación pero respecto de las cuales nunca se realizó la audiencia de formalización de la investigación. Oro estuvo de acuerdo con este último pedido, pero requirió la continuidad del trámite en relación a Martiniano. La querella no asistió.

Brunos Deias ya había anticipado ante los jueces que dirigieron la audiencia de pedido de prórroga extraordinaria, que su defendido debía ser sobreseído si no se otorgaba tal prórroga. El plazo de investigación venció el 5 de junio, antes de esa fecha el fiscal Oro pidió una prórroga extraordinaria. La audiencia se realizó recién el 8 de este mes y la decisión de los magistrados fue no otorgar la prórroga solicitada. El defensor oficial presentó un pedido por escrito y el tratamiento se realizó en una audiencia este martes a partir de las 12:35 hs.

Siguiendo la misma línea de razonamiento, el representante de la defensa requirió que se resuelva la situación procesal de las otras cuatro personas respecto de las que se dictó rebeldía y que luego se presentaron espontáneamente en la defensa y en una audiencia ante el juez. Sin embargo ni en esa oportunidad, ni tampoco hasta ahora se formalizó ninguna investigación en su contra.

Oscar Oro se mostró de acuerdo con este último pedido. Entendió que la actitud asumida por la investigación en el primer momento se vinculaba con la necesidad de conocer quiénes eran las personas que habían participado de los hechos que se calificaron provisoriamente como usurpación, pero que con el avance de la investigación, la situación varió.

Respecto de Martiniano Jones Huala pidió que se rechace el planteo de la defensa y que continúe el proceso. Indicó que debe hacerse operativo un artículo del Código Procesal Penal que establece que ante el vencimiento de un plazo debe intimarse al fiscal a que presente la acusación en un plazo de diez días. Recién después de no presentarla, la acción cae. Oro sostuvo que en este caso no existió tal intimación, pero si se toma la fecha en la que se conoció la denegación de la prórroga solicitada a los fines de ese cálculo, los diez días vencerían el 15 y este martes 14 presentó la acusación pública en la Oficina Judicial.

Tal presentación fue considerada por la defensa como extemporánea.

El juez Martín Zacchino decidió tomarse el plazo legal para resolver. La fecha de la resolución sería el 21 de julio. A pedido de los imputados se tomará esa fecha como feriado por ser un día festivo para el pueblo mapuche. La decisión del juez recién se conocería el lunes 27 de junio.

Disculpa y perdón después de un hecho de violencia en el fútbol

En la audiencia de formalización de la investigación por un hecho violento ocurrido en el mes de febrero en un partido de fútbol jugado en José de San Martín, el imputado pidió disculpas y el damnificado las aceptó conforme. “Son cosas del partido, le pido mil disculpas, pienso que no va a volver a ocurrir, tengo una hija que criar y no la quiero dejar sola por un capricho del fútbol nada más”, expresó el acusado.

Eran las 17:45 hs. del 21 de febrero de este año. Se jugaba un partido de futbol en la cancha Costanera. Se generó una discusión entre el damnificado y el árbitro. A partir de esto se suspendió el partido y el joven fue a cambiarse. En ese momento fue sorprendido por el imputado, que sacando un cuchillo de la cintura comenzó a arrojarle puñaladas. No logró lesionarlo porque intervinieron otras personas para impedirlo. El hecho fue calificado como agresión con arma.

En la audiencia la Fiscalía estuvo representada por la funcionaria Maribel Delgado y la defensa por Adriana Carro. La defensora propuso una conciliación aprovechando que estaba presente la víctima y la funcionaria de Fiscalía dijo que estaría de acuerdo siempre que se trate de un pedido de disculpas real, con compromiso de no volver a generar problemas ya que son vecinos.

El damnificado, un joven de 29 años, fue consultado y dijo que para él es “más que suficiente contar con las disculpas”. El imputado habló, sostuvo que sucedió en el fragor del partido “le pido mil disculpas, pienso que no va a volver a ocurrir, tengo una hija que criar y no la quiero dejar sola por un capricho del fútbol nada más”.

La juez Anabel Rodríguez les indicó que no concurran a estos eventos con ningún tipo de arma ya que las consecuencias podrían ser más graves.

Al homologarse el acuerdo el imputado es sobreseído por el hecho. No implicará un antecedente en su haber, pero ya no podrá acceder a otra conciliación si enfrentara un nuevo hecho con implicancias penales. 

Homicidio de Simón Sandoval

El imputado continuará en prisión domiciliaria por otros tres meses

El crimen ocurrió el 13 de marzo de este año a la madrugada. Desde entonces el imputado cumple prisión domiciliaria. Este lunes se cumplió el plazo dispuesto por el juez. La fiscalía y la querella solicitaron que la medida continúe. No hubo oposición de la defensa y el juez Martín O’ Connor dispuso esa continuidad con prohibiciones de contacto a varios testigos.

El juez de la carpeta es Ricardo Rolón, pero como integra el tribunal de un debate que se realiza por estos días, tomó intervención Martín O’ Connor. Marcelo Crettón, fiscal del caso, informó al juez sobre los distintos elementos que sostienen la responsabilidad del imputado como autor del crimen de Sandoval. Explicó el fiscal el contexto en el que ocurrió el hecho, la cantidad de testigos que estuvieron presentes y la relación que los une en actividades compartidas. Estos elementos fueron base para fundamentar el peligro que implicaría para la investigación, que el imputado pudiera moverse libremente e influenciar los testimonios que recién tendrán validez en el contexto del debate oral y público.

Crettón habló de las distintas pruebas que se realizaron, entre ellas un examen toxicológico que dio cuenta de la presencia de marihuana y cocaína en el organismo del imputado al momento del hecho. Sabiendo que la defensa planteará como estrategia la imputabilidad disminuida, es que se realizará una pericia psiquiátrica a partir del 4 de julio.

La querella

La madre de Simón se constituyó en querellante, su abogado Marcelo Macayo estuvo de acuerdo con el planteo de la Fiscalía. Indicó que se observa gran actividad en la investigación fiscal y que evidentemente esto se vio posibilitado porque el imputado cumple una medida de coerción.

La defensa

El defensor particular Horacio Hernández, destacó la objetividad del Ministerio Fiscal, aceptó la continuidad de la medida de coerción por tres meses y planteó que salvo el control que realiza la policía no hay nadie dé asistencia a los detenidos, nadie que se acerque a la vivienda de su defendido. Indicó que contrataron un psicólogo particular por esta situación y adelantó que próximamente solicitarán que se autorice algún tipo de salida puntual al imputado ya que “vive una carga posiblemente peor que si estuviera en una cárcel. No tiene permiso para nada, ni para un control médico”, indicó.

El hecho

El 13 de marzo del año 2016 a la 1:45 aproximadamente, Simón junto a otras cuatro personas llegó al bar “No se dice”. Saludaron a un sujeto que estaba parado junto a su automóvil, el imputado bajó del asiento del acompañante golpeó a uno de los hombres del grupo y luego sacó un cuchillo y apuñaló a Sandoval, que falleció en el lugar. 

Un año de prisión por amenazar a un testigo en pleno juicio

El 27 de mayo de 2015 Pablo Lara irrumpió en la sala de audiencias y se abalanzó sobre un testigo que declaraba en el juicio por el homicidio de Segundo Javier Rojas. Lara resultó condenado por ese crimen a la pena de 15 años de prisión. Este lunes reconoció su responsabilidad por aquel violento episodio y fue condenado a un año de prisión de cumplimiento efectivo por amenazas y perturbación al ejercicio de funciones públicas. La defensa renunció a los plazos y esta última sentencia quedó firme instantáneamente.  

Eran las 11 de la mañana del 27 de mayo. El testigo que estaba por declarar sentía temor. Por iniciativa de la Fiscalía el tribunal dispuso que el imputado seguiría la declaración desde una sala contigua mediante un sistema de audio. La medida no fue suficiente. Lara evadió a la policía e irrumpió en el debate abalanzándose sobre el testigo mientras profería amenazas. Los policías lograron interceptarlo antes de que alcanzara al testigo. En ese contexto, Lara amenazó a uno de los uniformados.

A partir de esos hechos se abrió un legajo fiscal, que concluyó con el reconocimiento de la autoría por parte de Pablo Lara y una nueva condena en su contra. 

Interés por la experiencia del Ministerio Público Fiscal de Chubut

Se realizó el Primer Encuentro Latinoamericano de Análisis Criminal y Persecución Penal Inteligente, organizado por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y el Ministerio Público Fiscal. La Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, contextualizó el encuentro: "En el tercer milenio, las organizaciones criminales aprovecharon las condiciones de la globalización para transformar sus actividades ilegales en transnacionales". Además, la titular del MPF destacó la creación de la Dirección General de Análisis Criminal y Planificación Estratégica de la Persecución Penal (DAC), como "un centro de observación inteligente de los fenómenos criminales, con el objetivo de romper con el funcionamiento tradicional de la justicia del 'caso a caso'".

 

Sobre estos ejes fue convocado a disertar el Procurador General de Chubut, Jorge Luis Miquelarena. El trabajo desarrollado en esta provincia llevó a la firma de un convenio de cooperación con la Procuración nacional. El sistema informático COIRON, desarrollado por el área de Informática del MPF Chubut, será implementado por el Ministerio Fiscal de la Nación cuando se produzca el cambio de Código Procesal a uno similar al que rige hace diez años en nuestra provincia.

El panel de apertura contó, además de Gils Carbó, con el presidente del Consejo Federal de Política Criminal y procurador general de Salta, Pablo López Viñals; el presidente del INECIP, Alberto Binder, y el coordinador de Capacitación del CEJA, Leonel González. La actividad se propuso conformar una red institucional entre los Ministerios Públicos Fiscales e instituciones estatales que se dediquen a estas temáticas para poder generar un intercambio fluido de la información y compartir metodologías de trabajo.

Participaron del encuentro, expositores de Argentina y de Latinoamérica que cumplen funciones en direcciones de análisis criminal, fiscalías, ministerios de seguridad y fuerzas de seguridad. Se realizaron paneles temáticos y un taller cerrado de trabajo para aquellos que cumplen funciones en instituciones y/o dependencias que se dedican a los puntos mencionados. 

No hay prórroga

El tribunal compuesto por los jueces Martín O’ Connor y Ricardo Rolón, rechazó el pedido de prórroga extraordinaria en la investigación por usurpación que tiene por imputado a Martiniano Jones Huala. El pedido fue realizado por el fiscal de la Comarca, Oscar Oro y la querella a cargo de Martín Iturburu Moneff. Los magistrados consideraron que el pedido no reúne los requisitos exigidos por el Código Procesal e indicaron que los planteos del fiscal refieren a otro tipo de necesidad procesal que debe ser analizada por el juez del caso. En el mismo sentido entendieron que este tribunal no tiene competencia para atender los pedidos de sobreseimiento formulados por el defensor Bruno Deias.

Oscar Oro pidió la prórroga extraordinaria de cuatro meses para analizar la situación procesal de Martiniano Jones Huala a la luz de los últimos elementos introducidos a la investigación. El acusador sostuvo que podría mutar la imputación en su contra e incluso resultar más favorable. Para fundamentar el planteo expuso avatares de la investigación y la complejidad particular del caso en el que, según sostuvo, recién el 27 de mayo pudo realizarse una medida de allanamiento al predio, identificar a otras personas involucradas y obtener elementos de prueba en relación a nuevos hechos. En relación a los hechos novedosos, se refirió a los hallazgos que dan cuenta de actividades de abigeato, además de un arma de guerra cargada con municiones. Indicó que aunque se rechazó en su momento el trámite como causa compleja, es evidente que tiene una complejidad particular, porque las situaciones que la rodean ni siquiera son imaginables por quién redacta un Código de Procedimientos, por eso no hay medidas expuestas que den respuesta a los reclamos de seguridad de quienes se identifican como víctimas.

La defensa rechazó en duros términos el pedido. Bruno Deias sostuvo que hubo derroche de tiempo. Señaló que en esta investigación pasaron cantidad de fiscales y que probablemente por esa causa y debido a la impronta que cada uno le quiso dar a la investigación, no se llegó a ningún resultado en relación a su defendido. Repasó el derrotero de la investigación, indicó que hay otras cuatro personas identificadas sobre las que se había pedido captura, que se presentaron espontáneamente y que no se les formalizó la investigación por lo que deben ser sobreseídas. También sostuvo que respecto de los hechos nuevos Martiniano Jones Huala no tiene ninguna imputación y que el fiscal debió concluir la investigación que a él se refiere e investigar aparte y con otros plazos lo relativo a los demás imputados. Calificó de ligero, genérico y abstracto el planteo de Oro y concluyó que “el Estado perdió la oportunidad de investigar a Martiniano”.

A las 16 hs. el tribunal dio a conocer la resolución. Explicó cuál es el ámbito de su competencia, repasó los planteos de las partes y analizó si existe una medida de investigación pendiente que justifique la prórroga extraordinaria. “No se ha demostrado que haya quedado pendiente un acto concreto de investigación en lo referido al delito de usurpación”, indicó O’ Connor. Amplió señalando que lo relativo al arma de fuego secuestrada el 27 de mayo no es atinente a la investigación seguida contra Martiniano por usurpación.  También apuntó que nada dice de un arma de fuego la apertura de la investigación, la que no fue ampliada, “no se hace referencia a ningún aspecto fáctico de estas características”.

Respecto de la reorientación del caso, las nuevas detenciones y demás elementos, los jueces entendieron que nada le impidió al fiscal realizar un nuevo planteo de trámite complejo. “Las argumentaciones no abonan un pedido de prórroga extraordinario, sino que debieran, quizás, ser atendibles por el juez de la carpeta y esto no es atinente a este tribunal”, indicó O’ Connor.

Por estos fundamentos el tribunal resolvió no conceder la prórroga extraordinaria.

Los planteos de la defensa respecto de los sobreseimientos de Martiniano Jones Huala y de las otras cuatro personas, imputadas meses atrás en la investigación, deberán ser tratados por el Juez Martín Zacchino. 

Pedido de prórroga

El miércoles se conocerá la conformación del tribunal

Esta es la segunda audiencia vinculada al caso investigado con la calificación provisoria de usurpación que iba a realizarse el lunes por la tarde y se reprogramó para el martes. El defensor Bruno Deias adelantó que plantearía la recusación de uno de los integrantes del tribunal y eligió como estrategia realizar el planteo oralmente en la audiencia. Los fundamentos dados serán analizados por el juez recusado y luego dirá si acepta o rechaza el planteo.

Jorge Criado y Martín O' Connor iban a ser los jueces de esta segunda audiencia.  El director de la Oficina Judicial, Rodolfo Barroso, explicó que se procura conformar los tribunales de esta etapa procesal, con jueces que hayan tenido alguna intervención en el trámite, para preservar otros magistrados para el caso de llegar a juicio. Criado había actuado como juez de turno en una solicitud jurisdiccional de habeas corpus frente a un allanamiento previsto, que finalmente no se efectivizó por disposición de los fiscales que actuaban en esa instancia.

Este evento fue planteado como base de su argumento recusatorio por el defensor. Deias indicó que esa intervención a su criterio no fue en este mismo proceso, sin embargo señaló que a su criterio el juez Jorge Criado adelantó opinión sobre el caso y las conductas desplegadas por el grupo que integra su defendido. Para fundamentar su planteo leyó artículos periodísticos extraídos de publicaciones de Comodoro Rivadavia y Esquel, en las que el magistrado era consultado por su rechazo al habeas corpus.

A criterio del defensor los términos empleados por Criado darían cuenta de un posicionamiento tomado, algo que está vedado un juez para poder tomar intervención en un caso concreto.

El imputado, Martiniano Jones Huala, sostuvo que él duda de la imparcialidad del juez, que vio esas publicaciones y que en Esquel "todos nos conocemos".

Criado expuso que analizará los planteos, leerá los artículos aportados por la Defensa y resolverá el miércoles. Por la tarde, en horario aun no especificado, se realizará la audiencia suspendida.

El contexto

La sala de audiencias siempre estuvo colmada de gente. El clima fue respetuoso tanto en la primera como en la segunda audiencia. Podría mencionarse un único momento de gran tensión, antes de iniciar la audiencia fijada para tratar un pedido de prórroga.

A las 14 hs. la sala se completó con personas que se identifican como pertenecientes y otras adherentes al autodenominado "lof en resistencia del departamento Cushamen". Para la segunda, el personal de la Oficina Judicial solicitó que se liberen siete lugares para que pudiera asistir personal de la Compañía de Tierras, que se presentó como acompañante del abogado de la querella. Los lugares fueron desocupados y los trabajadores pudieron ingresar. Ante su presencia, tres personas del público se pusieron de pie y voltearon para sostener una firme mirada que se prolongó un buen rato.

El tribunal revisor confirmó la prisión preventiva de Facundo Jones Huala

El tribunal estuvo integrado por Martín O’ Connor y Jorge Criado. La defensa particular planteó que la decisión del juez Zacchino no estuvo debidamente fundada, sino que se basó en meras presunciones. También pidió que se tenga en cuenta que en caso de integrantes de los pueblos originarios, la prisión debe intentarse reemplazar por otras medidas. El fiscal Oscar Oro defendió la resolución del juez de la carpeta y el tribunal entendió que la resolución cuestionada, fue debidamente fundamentada y que la defensa no logró convencer a estos magistrados de que el imputado se presentaría voluntariamente en caso de ser citado en el proceso.

El tribunal original estaba conformado por los jueces José Colabelli y Jorge Criado. Los dos fueron recusados por la Dra. Sonia Ivanoff. Fue aceptada por el propio juez la recusación a Colabelli y rechazado el planteo respecto de Jorge Criado.

La defensa cuestionó los fundamentos del dictado de la prisión preventiva, sostuvo que su defendido está sometido a un doble encarcelamiento, por un lado uno provisorio en relación al trámite de extradición solicitado por Chile y por otro lado el relacionado con la investigación por usurpación y abigeato.

En su defensa de la resolución original, Oro señaló, entre otros fundamentos, que el pedido de extradición responde a la fuga del imputado en el marco de un proceso que tramita en los tribunales chilenos.

Luego de un cuarto intermedio, el tribunal entendió que la defensa no logró demostrar en la audiencia, que "de revocarse la prisión preventiva, Jones Huala concurrirá voluntariamente a proceso". En relación a la crítica sobre la decisión basada en presunciones, O' Connor explicó que "para el dictado de la prisión preventiva el juez debe afincar su resolutorio en presunciones, porque se analizan conductas futuras y no puede haber prueba directa de una acción futura. Solo se puede tener en la mira presunciones". Concluyeron que las presunciones consideradas por Zacchino, fueron fundadas. Al explicar los fundamentos, los jueces mencionaron que durante un año se procuró notificar al imputado y fue imposible. También entendieron que no tiene arraigo firme, que cuenta con múltiples residencias y tiene posibilidades de ocultarse y no concurrir voluntariamente al llamado de la justicia. "El imputado se dio a la fuga en Chile, según aportó el Fiscal, lo cual también es demostrativo de su falta de voluntad de someterse a proceso ante una citación de la justicia", puntualizaron.

La prisión preventiva se confirmó por le plazo dispuesto por el juez Martín Zacchino.

Feliz día del Periodista

Recusaron a los jueces y se suspendieron dos audiencias vinculadas a la investigación por usurpación en Leleque

La defensa de Facundo Jones Huala solicitó una audiencia de revisión de la prisión preventiva resuelta el sábado 28 de mayo. La audiencia se fijó para el viernes 03 pero fue suspendida a pedido de la defensora. Hoy iba a realizarse con un tribunal integrado por José Colabelli y Jorge Criado, pero la letrada recusó a ambos magistrados. Mientras se resuelve el trámite de recusación se postergó la audiencia por 24 horas.

Finalizada esa audiencia estaba prevista otra en relación a Martiniano Jones Huala. En este caso a pedido del fiscal Oscar Oro, para tratar una nueva prórroga de la investigación. Por tratarse de una prórroga extraordinaria también debería hacerse con dos jueces. Los magistrados entendieron que la recusación debe resolverse por toda la carpeta judicial y no exclusivamente en relación a uno u otro imputado. Por ese motivo se suspendió también la segunda audiencia.

 

El director de la Oficina Judicial, Rodolfo Barroso, informó a las partes sobre el estado del trámite. Barroso indicó que el Dr. Colabelli aceptó la recusación, en tanto que Criado aun estaba trabajando en la contestación. Sea cual fuere la decisión deberá ser analizada por otros dos jueces penales, en este caso estará a cargo de Ricardo Rolón y Martín O' Connor.

 

Por su parte, Bruno Deias, defensor de Martiniano, anticipó que si no fuera admitida la recusación de los jueces inicialmente designados, él junto a su defendido plantearán fundamentos propios para recusarlos.

En definitiva no se sabe cómo se integrará el tribunal que deberá resolver las dos cuestiones que serán planteadas y tampoco está claro si podrá resolverse esta cuestión en el día de mañana.

Manifestaciones paralelas

Mientras esto sucedía puertas adentro de los tribunales, en la calle había dos manifestaciones. Una en apoyo a ambos imputados frente al edificio de Tribunales, y otra en reclamo de medidas de protección para los trabajadores rurales de la Compañía de Tierras, realizada por los propios trabajadores, frente a la Fiscalía. Cuando concluyó la audiencia, los trabajadores rurales ingresaron al edificio de la Fiscalía para plantear su situación y reclamar al fiscal del caso que arbitre los medios para darles seguridad y una respuesta ya que se sienten permanentemente en peligro. Uno de los trabajadores planteó que no solo se trata de un conflicto con un privado, sino que también hay recursos y trabajadores del Estado en situación de vulnerabilidad, mencionó al ferrocarril, el gasoducto y el tendido eléctrico.