SE MODIFICÓ LA MEDIDA DE
COERCIÓN
Fiscal Fernando Rivarola |
La Fiscalía presentó el
avance de la investigación en una audiencia realizada este martes por la tarde.
La argumentación fue acompañada con la declaración de un miembro de la Brigada
de Investigaciones, relatando el modo en que se está trabajando y los progresos
obtenidos hasta el momento. Fernando Rivarola sostuvo que es indispensable que
el Estado recurra al máximo de sus recursos para facilitar el éxito de la
investigación. El defensor entendió que nada se aportó sobre indicios objetivos
de riesgo procesal y requirió que continúe el arresto domiciliario. El Juez
Javier Allende entendió que los nuevos elementos de la investigación permiten
colocar al imputado con probabilidad como uno de los autores del hecho y
también lo vinculan al robo al kiosco ubicado frente a la plaza, y de este modo
evidencian un riesgo procesal que debe custodiarse con la prisión preventiva.
No se trató de una
audiencia de revisión de la decisión anterior, sino una solicitada por la
Fiscalía para ampliar sus argumentos tendientes a que se imponga una prisión
preventiva en Comisaría. Esto es lo que sucedió minutos después de las tres de
la tarde, no solo con la alocución de Rivarola sino también con la declaración
de una integrante de la Brigada de Investigaciones.
Insuficiente
El fiscal sostuvo que la
medida decretada el sábado es insuficiente para garantizar la investigación por
varios motivos. Por su parte la oficial declaró que se pudo establecer que
varios robos estarían vinculados a este grupo de delincuentes. En principio
explicó los indicios objetivos que conectan a esta banda y al imputado con el
robo al maxi kiosco de la plaza: el probable uso del mismo mameluco y las
mismas zapatillas, además del modus operandi.
Defensor Julian Ripa |
Otro dato interesante es que en la requisa realizada al vehículo luego
de la detención, se secuestró una bufanda. Posteriormente pudo constatarse que
esa bufanda es la misma que lleva colocada uno de los autores del robo. También
se secuestraron dos cuchillos, que podrían ser compatibles con los utilizados
en el atraco.
Se conoció también que los asaltantes tenían información precisa sobre
el local. Sabían la ubicación de las cámaras de seguridad, conocían la
existencia de un botón antipánico y su ubicación y también tenían el dato de
dónde estaban guardadas las llaves del portón trasero y cuál era la llave del
candado. Por ese lugar quisieron salir pero no pudieron porque el dueño del
local había asegurado el portón y no lograron abrirlo, por eso lo hicieron por
la puerta de adelante. También lograron
ocultar los elementos robados y darse a la fuga dos o tres de los asaltantes. Estos
datos evidencian un trabajo de inteligencia
previo, de cierta organización y evidentemente de una banda armada para cometer
delitos contra la propiedad.
Con este cuadro de situación Rivarola fundamentó la evidente existencia
de riesgo de fuga y de entorpecimiento procesal. También recalcó que se trata
de un hecho socialmente sensible por la violencia desplegada.
El defensor, Julián Ripa, sostuvo que no se aportó nada nuevo respecto
de lo argumentado el sábado. Indicó también que la declaración de la oficial solo
ofrece supuestos, no hay certezas aun de que el imputado estuviera involucrado
en el robo, ya que los elementos que se toman del Facebook no son prueba
objetiva. También pidió que se tenga en cuenta la declaración dada en su
momento por el imputado. "Doy la razón a la Fiscalía de que se trata de
una situación socialmente sensible y que estas situaciones deben ser
investigadas y castigadas. Pero de ahí a pretender que mi defendido esté
involucrado en el hecho, hay un trecho muy largo".
Juez Javier Allende |
La resolución
Luego de un cuarto intermedio Javier Allende dio a conocer su
resolución. Repasó los argumentos de las partes y sostuvo que el nuevo cuadro
probatorio compromete de otro modo al imputado y evidencia la necesidad de
imponer una medida de coerción más restrictiva. Por este motivo modificó el
modo de cumplimiento de la detención, disponiendo la prisión preventiva en
comisaría por los sesenta días originalmente solicitados.
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