Homicidio de Angel Urrutia

EN JUICIO

Comenzó el lunes, durante tres jornadas se presentaron los testigos, el jueves alegaron las partes y el viernes de la semana próxima se conocerá la sentencia. Llegaron al debate los dos imputados mayores de edad. La Fiscalía pidió que se los declare penalmente responsables del homicidio de Ángel Mabrit Urrutia cometido con alevosía. Los dos defensores pidieron la absolución por considerar que no hay suficiente prueba en contra de los imputados.

El tribunal está compuesto por los jueces Anabel Rodríguez, Jorge Criado y Martín O' Connor.

Martín Zacchino fue el fiscal que llevó adelante la investigación y sostuvo la acusación en el juicio. El defensor público Marcos Ponce representó a Félix Alberto Cainechú, en tanto que Fernando Ezequiel Muñoz, alias "Judas", fue representado por Juan Zapata, letrado particular.

"El Flaco" Urrutia perdió la vida el 1ro de diciembre de 2012 a la madrugada, a causa de golpes recibidos en la cabeza. La agresión tuvo lugar a la salida de un bar de la localidad de José de San Martín, ubicado sobre la Av. Rawson. En el interior del local se habría producido una discusión de la que tomó parte. Urrutia había consumido abundante alcohol y según los testigos estaba ebrio. Su motricidad no solo se veía afectada por este fenómeno, sino porque además tenía inmovilizado el brazo derecho debido a una lesión sufrida anteriormente.

 

Según se pudo reconstruir en el debate "el Flaco" fue atacado por tres sujetos que lo siguieron en su retirada del bar. La agresión fue vista por al menos tres testigos, un joven y dos mujeres. El primero intentó ayudarle levantándolo del suelo las dos o tres veces que cayó a causa de golpes propinados por los agresores. Según sus dichos, intentó hacerlos desistir pero estos iban decididos. Un tercero habría retirado al joven del lugar, insistiéndole en que si se quedaba también lo golpearían a él. Con Urrutia desvalido, en el piso, totalmente indefenso, los tres sujetos lo patearon insistentemente, sobre todo en la zona de la cabeza hasta provocarle un severo trauma craneano que lo llevó al deceso.

Centralmente es esto lo que sostiene el fiscal, basado en el relato de los testigos y en la prueba pericial. Para Zacchino, luego de que se retirar la única persona que intentó ayudar a la víctima, esta quedó en estado de indefensión total y los imputados se aprovecharon de esa circunstancia para cumplir su deseo de darle muerte.

Los defensores tienen una teoría diferente. Para empezar Ponce sostiene que Cainechú no participó de la agresión. Estuvo en el lugar sin participar de la golpiza y que esto se evidencia no solo por uno de los testimonios, sino también porque en las prendas de vestir que le fueron secuestradas no había ADN de la víctima. Cainechú no fue hallado en el domicilio en el que se realizó el allanamiento para detenerlo, se presentó después espontáneamente en la comisaría entregando él mismo la ropa.

Por otra parte el letrado sostiene que si los agresores hubieran querido aprovecharse de la minusvalía de Urrutia, solo deberían haber esperado a que camine algunas pocas cuadras, alejándose del bar en el que podía haber testigos y gente que lo asista, y cuando estuviera en una zona más descampada ultimarlo, sin ningún riesgo para ellos.

También se ocupó de hacer un pormenorizado análisis de la declaración de los testigos, procurando resaltar aspectos contradictorios y destacando que la autoría de su representado solo surge de la declaración de estos testigos. Por ese motivo solicitó la absolución de Cainechú, y para el caso que los jueces den valor a esta prueba, hagan pesar a su favor el principio de la duda.

Juan Zapata adhirió a toda la doctrina aportada por Ponce y se ocupó de argumentar que en ese lugar y circunstancias no se dan los requisitos para considerar el agravante de alevosía propuesto por la fiscalía. Además se refirió a la falta de intensión de matar de su defendido. Dice que participó de la agresión pero no quiso, ni se figuró la posibilidad de matar. También resaltó que no hay prueba científica del grado de alcohol en sangre de la víctima ni de los testigos. Sostuvo que la prueba existente no permite determinar fehacientemente la mecánica de los hechos y no puede determinarse que la causa de la muerte fuera provocada por su defendido, siendo que el menor que intervino reconoció su responsabilidad.

También requirió la absolución del imputado y la aplicación de la duda a su favor si fuera el caso.

El viernes 6 de junio, alrededor del mediodía, se dará lectura a la sentencia.

Encuentro del Fiscal Jefe con Jefes de Comisarías

La reunión se realizó el miércoles a la tarde en el Casino de Oficiales de la Policía de la Provincia, con la asistencia de los jefes de comisarías de toda la circunscripción. Se analizaron algunos ejes de los que ocuparse para mejorar el trabajo conjunto y achicar todo lo posible el margen de error en las intervenciones.

Fernando Rivarola asistió acompañado por un funcionario del Sector A y el área de Comunicación Institucional. La reunión que fuera acordada días atrás con el Jefe de la URE, Fernando Terrazas y el Segundo Jefe, Claudio Terrón, se refirió a la aplicación de los protocolos de actuación elaborados por el Ministerio Público Fiscal, la necesidad de asegurar el aviso inmediato al fiscal de turno en todos los hechos graves y la preservación y puesta a disposición de la fiscalía de todas las fotografías y filmaciones que se obtienen en los distintos procedimientos, con competencia penal, llevados a cabo.

Se aprovechó la oportunidad para entregar el último cuadernillo editado por la Procuración General que contiene los protocolos a aplicar en el lugar del hecho, para el secuestro de celulares y material informático y sobre el levantamiento de huellas dactilares, además de una copia digital de todos los protocolos de actuación. Particular atención se prestó al más reciente, referido a los casos de violencia de género que establece un formulario para la toma de la denuncia, elaborado como parte de un sistema de medición del riesgo.

Los jefes policiales del interior manifestaron su preocupación frente a la resistencia que encuentran en los centros de salud para la toma de muestras destinadas al dosaje etílico. En este sentido se recalcó que debe garantizarse la seguridad del profesional de la salud que intervenga y recordar que siendo un funcionario público está obligado a cumplir con esta función cuando se le requiere.

 

Rivarola adelantó que es su intención realizar reuniones más acotadas, por zonas de la circunscripción en el transcurso del año.

Homicidio

El domingo, aproximadamente a las 9:00 hs. en circunstancias que se deberán establecer, un adolescente de 16 años habría disparado en la sien a Hernán López de 20 años. El hecho ocurrió en el exterior de una vivienda del Barrio Ceferino, donde presuntamente habrían pasado la noche ambos.

La herida provocó la muerte de López, en tanto que el presunto autor se encuentra detenido. Mientras se realizan las primeras medidas de investigación, el SAVD asiste a los familiares de la víctima. En el plazo de 48 hs. se realizará la audiencia de control de la detención y formalización de la investigación, la que será a puertas cerradas a causa de la menor edad del imputado.

Julián Amado: Rivarola respondió inquietudes de vecinos

Un grupo de vecinos de Esquel conformado por abogados, docentes y amigos de Julián Amado, se acercaron a la Fiscalía a interiorizarse del estado de la investigación a través de uno de los fiscales a cargo. Fernando Rivarola los recibió en el tercer piso de la Oficina del MPF en Esquel y respondió a todas las preguntas que le formularon.

El grupo estaba interesado en conocer detalles de la investigación que sigue la fiscalía para determinar la causa de la muerte de Julián ocurrida el 14 de abril de 2012 en Sarmiento, preguntar por su estado actual e interiorizarse sobre las implicancias de su posible archivo.

La reunión que se extendió algo más de hora y media, permitió que cada uno de los asistentes planteara sus dudas, sus opiniones, sus preocupaciones y recibiera las explicaciones que hasta el momento ofrece el estado de la investigación.

El 23 de abril de 2012, el Procurador General, Jorge Luis Miquelarena emitió la Resolución N° 48/12, asignando el caso a los fiscales Marcelo Cretton de Comodoro Rivadavia a Fernando Rivarola de Esquel. En ese momento Sarmiento no contaba con fiscales ya que la única fiscal general de esa oficina se encontraba de licencia por maternidad. La intervención inicial estuvo a cargo de una funcionaria de fiscalía que dirigió la actividad, entre otros, del personal de criminalística.

Desde entonces se llevaron a cabo gran cantidad de medidas investigativas, todas ellas conocidas por los abogados de la familia de Julián, los que están informados de los pormenores del legajo. Muchas de las medidas realizadas fueron pedidas por la familia.

Los fiscales, luego de dos años de gran actividad, evaluaron que quedan escasas medidas por concretar. Cumplido esto, si no surgen nuevos elementos, la investigación estaría inactiva. Ante esta situación es que se pensó en el archivo y se informó de esta posibilidad a los abogados de la familia. El archivo es un estado provisorio, no implica el cierre de la investigación, sino que se encontraría latente y con posibilidades de ser reabierta cuando algún elemento significativo lo permita.

 

Rivarola se mostró abierto a responder consultas cuando lo deseen, indicando que recibió una llamada de la Subsecretaría de DDHH de la provincia y les ofreció asistir personalmente al organismo, llevando el legajo, para dar detalles de toda la actividad desplegada desde su designación.

Homicidio de Juan Huenchumán

SE FORMALIZARON DOS HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN

El 20 de abril a la madrugada en medio de un altercado perdía la vida Juan Huenchuman luego de recibir una puñalada. La investigación condujo a dos hipótesis posibles que este lunes fueron comunicadas a los tres imputados. La defensa negó rotundamente la descripción de los hechos, en tanto que los imputados se abstuvieron de declarar.

El funcionario Carlos Richeri expuso los hechos que está investigando frente a los imputados, el defensor Omar López y el juez Martín O´ Connor que presidió la audiencia en reemplazo del Dr. Jorge Criado, quien que se había demorado con otra audiencia.

Hipótesis 1:

Era aproximadamente la 1:30hs. del 20 de abril. En el establecimiento rural “Tres Aguadas” de la localidad de Gualjaina, se produjo un altercado entre dos hombres. De ese altercado participaron la concubina de uno de ellos y Juna Huenchumán, hijo del otro. La mujer, valiéndose de un cuchillo, le habría asestado una puñalada a Juan, herida que le provocó la muerte.

Subsidiariamente, Hipótesis 2:

A la misma hora, mismo lugar y el mismo altercado entre aquellos dos hombres, habrían intervenido también la concubina de uno de ellos, los dos hijos de esta mujer, y el hijo del otro contrincante, Huenchumán. En ese contexto la mujer y sus hijos agredieron a Juan aplicándole golpes de puño y patadas, mientras que uno de ellos, aún sin poder determinar quién de los tres, valiéndose de un cuchillo, le asestó una puñalada que le provocó la muerte. Se acreditó con las pesquisas que los tres agresores ejercieron violencia sobre la víctima, mas no ha sido posible establecer cuál de ellos fue el autor de la herida mortal.-

 

El primero de los hechos fue calificado provisoriamente como homicidio en cabeza de la mujer, en tanto que en la segunda hipótesis subsidiaria se imputa homicidio en riña a la mujer y sus dos hijos. La fiscalía cuenta con seis meses de plazo para concluir la investigación.

El juez autorizó la realización de una pericia de ADN comparativa entre las muestras tomadas de las prendas de vestir de la víctima y de los imputados, con el ADN de todos ellos.

Butazzi y Terrazas se reunieron con Rivarola

El Jefe de la Policía de la Provincia, Luis Butazzi, junto al Jefe de la URE, Fernando Terrazas, se reunieron el viernes a la mañana con el Fiscal Jefe, Fernando Rivarola. El jefe policial sostuvo que visita la fiscalía después de un año para analizar cuestiones comunes a ambas instituciones.

El encuentro giró en torno de distintas cuestiones que hacen a la articulación de trabajo entre el MPF  y la policía provincial. El primer tema que se analizó es la situación de los lugares de detención, la cantidad de detenidos y la falta de una alcaidía en la ciudad. Butazzi sostuvo que esta es una preocupación central de su jefatura y que continúa las gestiones para que en el transcurso de este año se consigan las tierras en las que construir los módulos carcelarios. El dinero está, lo que falta es acordar el lugar donde se construirán.

Rivarola planteó la necesidad de que se arregle el instrumental de criminalística que se encuentra averiado. También se analizó el procedimiento interno respecto de policías procesados o condenados, entre otros temas.

Recordemos que la semana próxima tendrá lugar una reunión de trabajo entre el fiscal jefe y los responsables de las comisarías de la circunscripción. 

Tentativa de robo

Declaración de imputados, prisión preventiva y una detención dudosa

Tres sujetos fueron imputados por una tentativa de robo ocurrida el jueves a la madrugada en una vivienda de Esquel. Permanecían detenidos desde ese momento. Dos de ellos prestaron declaración defendiendo su inocencia. El más joven dio una versión distinta a la de la policía y presentó testigos que la acreditan. El juez dejó en suspenso la resolución referida a la legalidad de esa detención hasta que avance la investigación y logre establecerse efectivamente qué sucedió.

El jueves aproximadamente a las 2:45 hs. la policía recibió un llamado que daba cuenta de tres sujetos que saltaron el cerco perimetral de una vivienda, con evidentes intenciones de ingresar a la misma. Por el sistema de cuadrículas, rápidamente un patrullero acudió al lugar. En inmediaciones detuvo al primero de ellos, oculto. A algunos metros, tras una camioneta fue aprehendido el segundo. En tanto que el tercer sujeto, según el acta policial, fue aprehendido en Antártida Argentina y Alsina cuando no respondió a la voz de “alto”. Su defensor Daniel Sandoval planteó la ilegalidad de la detención, en tanto que el imputado, un joven estudiante de la universidad local, sostuvo que la policía lo identificó, luego siguió su camino y terminaron deteniéndolo en Alsina y Pasteur. Si esta versión fuera cierta no estarían dadas las pautas de la flagrancia que prevé la ley.

En ese contexto declaró uno de los testigos propuestos por el imputado. Un compañero de la facultad que vive cerca del lugar del hecho. Según sostuvieron ambos la detención se produjo cuando salía de una reunión en la vivienda del testigo y se dirigía a dormir a su domicilio, luego de haber acompañado a una joven hasta su casa.

Otro de los imputados declaró luego de que la fiscalía informara el hecho que investiga y la calificación provisoria como tentativa de robo agravado por su comisión en poblado y en banda y con escalamiento. El hombre dijo que es discapacitado, mostró su carnet, explicó los detalles de la enfermedad que padece y sostuvo que esto le impide escalar o hacer cualquier otra cosa. Sostuvo que esa madrugada caminaba buscando el domicilio de un conocido para hospedarse en su vivienda ya que habría llegado a la ciudad en busca de su historia clínica en el hospital local para continuar el tratamiento en Bariloche donde reside actualmente. También dijo que cuando lo ingresaron a la comisaría lo hicieron a los golpes y pidió que lo alojen en el hospital porque necesita que se le suministre un líquido alimenticio ya que por su enfermedad no puede consumir alimentos normalmente.

El tercero, oriundo de Córdoba y llegado ese día a la ciudad en su vehículo, prefirió no declarar. Los dos últimos cuentan con antecedentes penales, este dato y fundamentalmente su evidente falta de arraigo, entre otros elementos, sirvieron para que la fiscal María Bottini solicite el dictado de prisión preventiva por 15 días.

Valeria Ponce, defensora, no se opuso a la medida y adelantó que usará este plazo para conseguir elementos de prueba sobre falta de participación y arraigo.

Respecto del estudiante requirió la prohibición de acercamiento a menos de 100 mts de la vivienda damnificada hasta que se resuelva su situación procesal. Las condiciones fueron aceptadas por el defensor Daniel Sandoval.

El juez Martín O´ Connor encontró adecuadas las medidas solicitadas y dispuso que se cumplan por el plazo requerido.

El hecho

2:45 hs. del jueves 15 de mayo. Calle Molinari al 1100, Esquel. Tres sujetos actuando de manera coordinada y conjunta, ingresaron al patio de una vivienda escalando el muro perimetral. Llevaban una mochila con herramientas, alambre y carne cruda (presuntamente con alguna sustancia que permitiera neutralizar al perro). Un vecino los vio y llamó a la policía. El móvil llegó rápidamente y frustró el intento de robo. 

Femicidio: Se abrió la etapa de juicio

Este miércoles se realizó la audiencia preliminar por el homicidio calificado de Cristina Cayecul y por el resto de las conductas desplegadas por el imputado el 21 de junio de 2013. Fue aceptada la acusación fiscal a la que adhirió la querella. También se admitió la prueba de la defensa. A pedido de la fiscalía el juez dispuso la continuidad de laprisión preventiva por peligro de fuga y entorpecimiento procesal.

La audiencia había sido fijada para una fecha anterior pero no pudo concretarse ya que una de las víctimas se constituyó en querellante y debió tratarse primero la admisión de dicha presentación, en esa audiencia y luego por dos jueces revisores. Finalmente este miércoles a las 9 hs. la fiscal Fernanda Révori expuso su acusación, extensa debido al despliegue de conductas que se le achacan al imputado.

El Dr. Alejandro Castillo, letrado patrocinante de la querella, adhirió a la acusación fiscal con toda la prueba presentada y en cuando a la descripción de los hechos únicamente en lo referido al tramo en que se vio involucrado el taxista.

El defensor Bruno Deias no tuvo cuestionamientos, y presentó su prueba también, compartiendo varios testigos propuestos por la fiscalía. Por su parte el imputado aceptó hablar, solo para decir que no sabe quién es el querellante y que "si le hice algo malo en lo que haya pasado, le quiero pedir disculpas, porque no sé lo que pasó ahí…".

Los sucesos trágicos del 21 de junio

Eran aproximadamente las 20.30 horas, estaba oscuro. El imputado dejó estacionado su automóvil del otro lado de un baldío y caminó 200 mts hacia el domicilio que alquilaba su ex pareja,  Cristina Veatriz Cayecul en el Barrio Baden I. Sabía que no estaban sus hijos. Llevaba entre sus prendas un revólver calibre 22 largo marca Doberman. Traspuso un portón de rejas que estaba cerrado con candado e irrumpió en la vivienda. La acusación fiscal indica que allí la habría agredido primero con sus manos y con la utilización de un alambre, para finalmente extraer el arma y dispararle al cuerpo de la mujer en varias oportunidades, impactando seis proyectiles, lo que le provocó la muerte. "Cabe resaltar que el acusado había protagonizado anteriormente situaciones de violencia familiar para con la víctima, madre de sus dos hijos, de quien se hallaba separado desde principios del mes de enero de 2013."

 

Antes de morir, Cristina gritó pidiendo ayuda. Su vecino escuchó y salió a socorrerla, sin embargo solo logró acercarse al portón de acceso a la vivienda cuando se topó con la mirada intimidatoria del agresor que lo apuntaba con el arma de fuego. Frente a esta actitud el hombre se tiró inmediatamente al piso desde donde escuchó el primer disparo y huyó rápidamente a su vivienda tratando de protegerse.

Minutos más tarde, el imputado emprendía su huida. Tomó un taxi en la parada del Casino, con la excusa de alcanzar el colectivo que viaja a Trevelin, pero al completar el recorrido sin haberlo interceptado, le pidió al chofer que lo alcance al puente del camino a Aldea Escolar. Fue entonces cuando exhibió el arma de fuego y le anunció que  si no quería tener problemas lo lleve hasta La Aldea ya que él era quien había matado a la mujer en Esquel. El taxista se resistió y el imputado le gatilló tres o cuatro veces sin que se dispare ningún proyectil. En ningún momento dejó de apuntarlo, ni siquiera cuando se puso a forcejear por el control del volante. El vehículo colisionó contra el cerco perimetral de un campo lindero a la ruta. El taxista logró arrebatarle el arma y el imputado se dio a la fuga para luego esconderse en el domicilio de quien sería su novia. Allí fue aprehendido a las 19.00 horas del día 22.

Révori calificó los hechos como constitutivos de homicidio calificado por el vínculo con la víctima, por tratarse de un hecho de violencia de género y por su comisión con el empleo de un arma de fuego, en concurso ideal con portación ilegal de arma de fuego de uso civil, en concurso real con coacción agravada por el uso de arma en concurso real con tentativa de homicidio criminis causa cometido con empleo de arma de fuego.

La discusión de la prisión preventiva

La fiscalía expuso los motivos para mantener la medida cautelar no solo por el riesgo procesal de amedrentamiento de testigos, sino por peligro de fuga. Para la Dra. Révori, el imputado no tiene suficiente arraigo frente a la expectativa de pena que pesa en su contra.

Por su parte el defensor Bruno Deias planteó que no se opondría a la medida, pese a que no comparte el análisis realizado por la fiscal. Para la defensa el imputado está en una situación muy delicada, realizando tratamiento psicológico y habiendo recibido amenazas respecto de su persona.

José Colabelli decidió mantener la medida de coerción fundamentalmente por peligro de fuga. El magistrado tuvo muy en cuenta la gravedad de los delitos que se imputan, los elementos que existen para achacarlos al imputado y la conducta que este mantuvo no solo al momento de realizar estos hechos, sino también con anterioridad, desobedeciendo reiteradas veces las prohibiciones impuestas por el fuero de familia.

La Fiscalía y la URE articulan acciones

El jueves a la mañana se reunieron el Fiscal Jefe Fernando Rivarola, el Jefe de la URE Fernando Terrazas y el Segundo Jefe, Claudio Terron para coordinar acciones entre ambas instituciones. Se pactó un encuentro entre fiscales y jefes policiales para analizar la aplicación de los protocolos de actuación establecidos por la Procuración General y la Fiscalía. Rivarola se refirió al salto cualitativo que se observa en juicios en cuya investigación se aplicó correctamente los protocolos.

El funcionamiento del Centro de Monitoreo, los aportes que este produce para la investigación penal, el análisis de las estadísticas de hechos judicializados, la aplicación de protocolos y su utilidad para los oficiales de policía intervinientes y para la optimización de la investigación penal, fueron algunos de los temas tratados en la reunión.

También se refirieron a las dificultades que suelen producirse en investigaciones que requieren medidas en otras provincias y se estudiaron alternativas para mejorarlas.

Rivarola informó que se está diseñando una capacitación por clínica de casos que se realizará primero internamente y luego se abrirá a policías, abogados nóveles, estudiantes de abogacía, periodistas y otros interesados. 

Homicidio de Segundo Javier Rojas

SE FORMALIZÓ LA INVESTIGACIÓN

La Fiscalía cuenta con seis meses para investigar la muerte violenta ocurrida el domingo en el Barrio Estación. El imputado permanecerá 45 días en prisión preventiva mientras avanzan las pesquisas tendientes a llevar el caso a juicio. La hermana de la víctima estuvo en la audiencia asistida por el SAVD.

La audiencia se realizó el lunes al mediodía. El juez Javier Allende declaró legal la detención y formalizada la investigación penal preparatoria. Por la Fiscalía se hizo presente el funcionario Carlos Richeri, en tanto que el imputado fue asistido por el defensor público, Bruno Deias.

El domingo 4 de mayo aproximadamente a las 5:00 hs., un llamado alertó a la policía sobre un grave ataque a raíz del cual un joven yacía en la intersección de las calles Roberts y Urquiza. Al llegar los uniformados lo encontraron tendido en el suelo, muy golpeado e inconsciente. Cerca de él otro joven, con su ropa manchada con sangre, lloraba. No supo darse a entender con la policía y fue aprehendido. Entonces apareció en escena su hermano, haciéndose cargo de lo sucedido y señalando que el primero nada tenía que ver. También su ropa tenía evidentes manchas hemáticas. Ambos quedaron detenidos mientras se realizaba el traslado de la víctima, se relevaba el lugar del hecho y se iniciaba la búsqueda de posibles testigos.

 

En la audiencia Richeri sostuvo que hay testigos presenciales del hecho que están atemorizados. Uno de ellos habría sido amenazado de muerte por el imputado cuando le pedía a gritos que cese con su agresión. Estos y otros elementos permitieron centrar la investigación respecto del segundo detenido, el único que por el momento quedó vinculado al legajo fiscal.

Según se pudo determinar hasta el momento, Rojas y el imputado habían discutido. Por circunstancias que aun no se establecieron, la víctima había caído al suelo y esa situación fue aprovechada por el imputado para atacarlo brutalmente, con patadas y golpeándolo en la cabeza con una gran piedra que había en el lugar. El daño producido por los golpes le provocó la muerte.

El imputado tiene otros procesos en trámite. Uno de ellos por otro hecho de violencia que la Fiscalía calificó provisoriamente como tentativa de homicidio. Además de este se le siguen investigaciones por hurto y una desobediencia a una orden judicial, vinculada a una situación de violencia de género. Este cuadro fue esgrimido por el funcionario fiscal para fundar los riesgos de fuga y entorpecimiento procesal que exige el Código Procesal Penal para el dictado de una prisión preventiva, solicitando al juez que la disponga por un plazo de 60 días.

El defensor no cuestionó la procedencia de una medida de coerción, pero sí se opuso a que fuera la más gravosa. Rechazó la existencia de riesgo de fuga y argumentó que para el caso es suficiente con el dictado de una medida alternativa como el arresto domiciliario. Deias pidió al juez que si no compartía su criterio y disponía de todos modos la prisión preventiva, reduzca al menos en la mitad el plazo solicitado por el Ministerio Fiscal ya que la investigación no se presenta como compleja.  

Javier Allende entendió que en el caso no se evidencia un claro riesgo de fuga, pero sí de entorpecimiento procesal, y dispuso la prisión preventiva por 45 días.