PRISION PREVENTIVA
POR DOS MESES
Fue declarada legal
la detención, se realizó la apertura de investigación y la Fiscalía cuenta con
seis meses para presentar la acusación pública. El juez dispuso dos meses de
prisión preventiva, de acuerdo con lo que solicitó el fiscal. Se pretende
evitar que el imputado se fugue o influya sobre los testigos. El fiscal pidió
que no se difundan imágenes del imputado hasta que concluyan algunas medidas de
prueba que podrían obstaculizarse con la difusión de su rostro.
Participaron de la audiencia varios familiares del joven
detenido, los que escucharon atentamente la discusión de las partes y la
resolución judicial. El imputado había sido aprehendido en la Comisaría cuando
asistió a esa dependencia llevado por su padre.
El sábado 05 de julio, a las 22:40 hs. aproximadamente, Emilio
Gabriel Manrique concurrió a un comercio ubicado en calle San Martín y Ruta 17
de Corcovado, a comprar mercadería. En ese lugar lo increpó el imputado. Sin embargo
no pasó de un fuerte cruce de palabras. Ya en la vereda, el imputado habría
interceptado a Manrique para asestarle una estocada en el abdomen.
Cuando llegó a su casa le habría contado lo sucedido a su
padre y este lo llevó a la Comisaría para hacer frente a la situación.
Hernán Dal Verme era el fiscal de turno aquella noche. Viajó
a Corcovado acompañado por el SAVD y además de dirigir las primeras medidas
investigativas, se llevó la impresión del clima que el suceso provocó en la
localidad. El imputado es joven y no tiene antecedentes ni causas en trámite.
Sin embargo sí existieron denuncias en su contra. Una en particular en la que
aparecía vinculado a un hecho por lesiones. Sin embargo los testigos no
quisieron aportar información en su contra. La Fiscalía sostiene que esto
sucedió por temor a recibir represalias. Esa información fue valorada a la hora
de solicitar una medida de coerción para que en este caso no ocurra lo mismo.
Dal Verme también considera que el arraigo del imputado es muy débil frente a
las consecuencias penales del hecho por el que se lo investiga. Por ese motivo
solicitó que se impongan dos meses de prisión preventiva.
Bruno Deias tuvo a su cargo la representación del imputado. Estuvo
en desacuerdo con que el arraigo de su defendido sea débil. Argumentó sobre la
fuerte contención de la familia evidenciada no solo en la actitud de
acompañarlo a la Comisaría, sino también de asistir en buen número a la
audiencia. Resaltó que la presentación espontánea ante las autoridades
policiales evidencia que no hay riesgo de fuga. También desestimó los hechos
citados por el fiscal ya que fueron archivados.
El defensor público argumentó que no se puede recurrir a la
prisión preventiva para proteger a los testigos," el Estado debe echar
mano a otros recursos", sostuvo. "La conducta es de plena
colaboración tanto de él como de su familia", resaltó. Deias sostuvo que la familia se mostró
preocupada porque han recibido amenazas y propuso, para evitar contacto con los
testigos y por seguridad del propio imputado, que este se aloje en la casa de
un tío en Playa Unión.
A criterio del juez existen riesgos procesales y es
necesario minimizarlos por eso dispuso de acuerdo a lo solicitado por el
fiscal, la prisión preventiva por un plazo de dos meses. Cumplido el plazo se
realizará una nueva audiencia para verificar si continúan o no los riesgos
procesales y si pueden ser cautelados por otros medios.
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