Existe un viejo problema de tierras respecto de la posesión
del lote 4 del Boquete Nahuelpán, entre dos comunidades originarias. Esta contienda
llevó a distintos enfrentamientos entre las familias que derivaron en
investigaciones penales. Uno de esos conflictos se está tramitando en
audiencias orales y públicas. La Fiscalía informó que el INAI comprometió el
envío de un equipo de mediación para contribuir con las autoridades de ambas
comunidades en la resolución del problema de fondo.
Los propios protagonistas del conflicto señalaron que en distintas
oportunidades pasan de ser víctimas a imputados. En este caso se investigó un
hecho ocurrido el 22 de marzo de 2015, aproximadamente
a las 15:00 horas. Según consigna la acusación pública, el Sr. Edgardo Orué,
junto con su sobrino Raúl Nahuelpán, montados a caballo y su esposa Norma
Haydee Nahuelpán a pie, se encontraban realizando movimiento de hacienda, en el
lote 4 del boquete Nahuelpan. Ese lugar ha generado desde hace mucho tiempo un
conflicto entre las familias Prane- Nahuelpán, por el reclamo de la posesión y
uso como integrantes de comunidades mapuche-tehuelches. Al advertir la
presencia de los nombrados, habrían salido a su encuentro la Sra. Carina Alvarez,
acompañada por su hermana Andrea, y su mamá Ana Prane a bordo de una camioneta
Amarok y los señores Juan Benito López Cumilao acompañado por Ernesto Serafín
González a bordo de una camioneta Toyota. 
Ambos grupos se encontraron en un sector del denominado lote
4. Juan Benito López Cumilao conductor Hilux, comenzó a perseguir a los dos
hombres montados, logrando impactar el caballo de Raúl Nahuelpán, cayendo este
al piso y escapando a pie para no ser atropellado. Lo mismo habría hecho con Orue,
quien se interpuso para evitar que atropellara a Nahuelpán, haciendo que el
animal ingrese a una zanja, lo que provocó golpes en su cuerpo.
La defensa de López Cumilao propuso la aplicación de la
Suspensión de Juicio a Prueba por el plazo de un año, como tarea comunitaria la
realización de un taller de idioma mapudungun por 20 horas, en la Comunidad Santa
Rosa Leleque, lo que será acreditado por los titulares de la comunidad
(debidamente inscripta en el Registro Nacional) Rosa Rua Nahuelquir y Atilio
Curiñanco. Como reparación económica simbólica, ofreció $200 para cada uno de
los damnificados.
En la audiencia se hizo presente Orué y se espera que mañana
participe su sobrino para que el juez Hernán Dal Verme pueda conocer su parecer
respecto de la posibilidad de aplicar el instituto de la Suspensión de juicio a
prueba.
La Fiscalía dio dictamen favorable por entender que están
dadas las condiciones que marca la ley. Rivarola explicó la intervención que se
dio a las autoridades nacionales y que se está a la espera de que, a partir del
cambio de autoridades que se produjo por estos días, puedan llegar al lugar los
mediadores que trabajarán con las autoridades de ambas comunidades. El interés
de la justicia es que pueda resolverse el conflicto de fondo.
La víctima manifestó su enojo con el imputado y habló de
nuevos hechos que se habrían suscitado, además rechazó el ofrecimiento
económico, dejando abierta la vía civil.
El miércoles se realizaría una nueva audiencia para escuchar
al otro damnificado y conocer la decisión del juez.
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