IV Congreso Latinoamericano de Niñez, Adolescencia y Familia

EL DISPOSITIVO PARA SITUACIONES DE ABUSO SEXUAL RECIBIÓ UNA MENCIÓN ESPECIAL

 

Los días 8 y 9 de noviembre se llevó a cabo en la provincia de Piura, Perú, el IV Congreso Latinoamericano de Niñez, Adolescencia y Familia, bajo el lema “Del discurso a las prácticas por los derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes y sus familias”. Luisa Pasquini, responsable del SAVD en Esquel y Claudia Melidony, juez de familia, presentaron el Dispositivo para situaciones de abuso sexual que se aplica en toda la provincia del Chubut. El dispositivo recibió una mención especial y una recomendación para ser aplicado en todo el país y en los demás países miembros.

Con participantes de Perú, Guatemala, Ecuador, Argentina, Chile, Colombia, Venezuela, Paraguay, Bolivia, México y España se realizó el IV Congreso destinado a analizar, reflexionar y evaluar la vigencia de los derechos humanos en niños, niñas, adolescentes y familias. Los ejes sobre los que se trabajó fueron políticas y pobreza, asistencialismo o educación, familia y filiación, justicia restaurativa, juicios por jurado, niños, niñas y adolescentes en situación vulnerable, programas eficaces en cada problemática tratada y adicciones. También se dejaron planteados algunos temas sobre los que dar continuidad como violencia, trata de personas, tráfico y abuso de niños, nuevos medios comisitos, Internet, derechos y cultura y familias indígenas. Los organizadores pretenden que estas producciones permitan orientar políticas de Estado, legislaciones, acciones, procedimientos judiciales y administrativos.

 

El dispositivo de abuso sexual

El trabajo consiste en la creación, puesta en marcha, evaluación seguimiento y supervisión de un dispositivo médico-legal para asistir a personas que padecieron Abuso Sexual  o Violación.

Pasquini y Melidony parafrasearon al Dr. Carlos Rozanski , al afirmar que si bien los delitos sexuales cometidos contra niños  y adolescentes  han sido tipificados desde hace largo tiempo por la mayoría de los Códigos Penales, la toma de conciencia de la verdadera dimensión del daño que sufre el menor a raíz de los abusos, así como de las características del fenómeno, es relativamente reciente. 

Danya Glaser define el abuso sexual infantil como la implicación en el desarrollo del niño, del adolescente, en actividades sexuales que ellos no comprenden, que son incapaces de dar un consentimiento informado, que viola tabúes sociales de roles familiares.

Tanto el Abuso como la Violación dejarán marcas indelebles en la subjetividad, por lo tanto se torna imprescindible y, constituye un deber ético indelegable tratar, al menos, de evitar:

-          La violencia institucional o maltrato ante la recepción de un niñ@ adolescente situación de víctima de abuso o violación.

-          La adquisición de una infección  por transmisión sexual

-          La falta de atención inmediata de lesiones derivadas del ataque

-          Embarazos no deseados productos del hecho

-          La falta de preservación de las pruebas

-          La Revictimizacion.

-          Asistencia frente al Estrés agudo y/o estrés Postraumático

El trastorno de estrés post traumático se reconoce en cerca de 80% de las víctimas de abuso sexual. Es un síndrome que se caracteriza por una fase inicial de días a semanas de duración, durante la cual hay labilidad emocional, ansiedad, temor y sentimientos de culpa; luego aparece una fase de reorganización, en la cual la víctima entra en periodos de ajuste, recuperación e integración, fase que puede durar meses o años. Otros componentes del síndrome son la pérdida de autoconfianza que puede llevar al aumento del consumo de alcohol y de psicotrópicos, alteraciones en la actividad sexual, mala técnica en el uso de anticonceptivos, con un aumento de embarazos indeseados y/o abortos. Dado que la respuesta al trauma es diferente en cada caso, se recomienda desde el primer encuentro una valoración por personal capacitado en salud mental para su manejo inicial y posterior seguimiento.

El trabajo se realizó siguiendo etapas. 1. Elaboración del Proyecto. 2. Discusión interdisciplinaria-intersectorial. 3. Reformulación.  4. Elaboración del instrumental y herramientas. (QUIT O CAJAS). 5. Difusión-Capacitación. 6. Evaluación. 7.-. Actualmente acompañamiento-Supervisión.

---

Incendio en la propiedad de la familia Lagos-Mac Karthy

DIEZ DÍAS DE PRISIÓN PREVENTIVA PARA EL PRESUNTO AUTOR INTELECTUAL

El tribunal compuesto por los Dres. Alejandro Rosales y Roberto Casal decidió revocar la resolución del juez de la carpeta y disponer por un plazo de diez días la prisión preventiva del  imputado investigado por la presunta autoría intelectual del incendio. Los magistrados compartieron con el Dr. Jorge Criado que la prisión preventiva dispuesta por el peligro de entorpecimiento procesal no puede prolongarse indefinidamente, sino que ese riesgo debe minimizarse con el avance de la investigación, sin embargo consideraron al igual que la Fiscalía, que en este momento el peligro sigue vigente y por eso dispusieron la medida más grave prevista por el Código. Participaron de la audiencia las víctimas.

Luego de ser oída la resolución cuestionada por la Fiscalía, Martín Zacchino resaltó las virtudes del sistema procesal que establece los mecanismos para que las decisiones puedan ser revisadas, como modo de prevenir la falibilidad humana. A criterio del acusador, en el estado actual de la investigación no es posible cautelar debidamente el proceso con este imputado en libertad. En este sentido hizo especial hincapié en el terror manifestado por los testigos que piden aun permanecer en condición de identidad reservada y presentan algunas reticencias fundadas en sus temores, para responder a preguntas del fiscal.

Las características del hecho dan cuenta de planificación, cierta inteligencia previa, además de temeridad. Zacchino indicó también los indicios que llevan a considerar probable que el imputado fuera autor intelectual de incendio, concluyendo que de ser así, quién es capaz de cometer un acto de esta naturaleza, bien podría influir en otros para frenar la investigación. A la luz de este análisis las medidas sustitutivas no se vislumbran “ni mínimamente efectivas para preservar el proceso”, sostuvo.

El fiscal recordó que el imputado tiene condenas por lesiones graves y lesiones leves, además de haberse probado el delito de portación de arma de fuego. También resaltó que borró los mensajes enviados desde su celular, lo cual evidencia una intención de entorpecimiento, al igual que la amenaza vertida al fiscal de turno en el momento de su detención. Finalmente pidió que se disponga la prisión preventiva por 30 días.

“Nos quisieron matar”

El matrimonio damnificado hizo uso de la palabra. En primer término habló Ana Mac Karthy, diciendo que sabe que no se puede hablar aun de culpables ya que no estamos ante una sentencia firme, resaltando el trabajo de la Fiscalía en la investigación y sosteniendo que hay fuertes indicios que incriminan al imputado, mientras que en su familia están sufriendo las consecuencias del horror que debieron vivir. “Nos quisieron matar, nos incendiaron la camioneta y la casa con nosotros adentro”, sostuvo, agregando que nadie se merece que le hagan algo así, “este es un ataque mafioso”. La damnificada resaltó que su esposo y ella son personas de bien, de trabajo, al tiempo que suplicó a los magistrados que se pongan en su lugar “nosotros estamos aterrorizados porque estamos con gente mafiosa, esto nunca pasó en nuestra ciudad. Jamás”.

Mac Karthy miró al Dr. Horacio Hernández y refirió haber escuchado al letrado decir que la justicia estaba “metiendo a unos perejiles para quedar bien con el cuñado del vicegobernador. Está mezclando todo”, resaltó.

El escribano Juan Cruz Lagos habló luego de su esposa para graficar a los jueces los alcances del riesgo generado por los autores del hecho. A escasos cinco metros de donde estaba la camioneta se ubica el espacio en el que frecuentemente pernoctan un grupo de entre diez y quince chicos, amigos de su hija mayor, cuyos padres confían en que se reúnan allí y pasen la noche. El damnificado solicitó al tribunal que imagine lo que hubiera pasado si esa madrugada hubiesen estado allí.

 

La defensa

Hernández insistió una vez más con la inocencia de su defendido y dijo que en lugar de las víctimas probablemente hubiera actuado de un modo más irracional por el enorme dolor que provoca a un padre ver en riesgo a sus hijos. También resaltó que su defendido debió sufrir doce días de prisión sin merecerla, y que el argumento fiscal carece de fundamentos jurídicos. "Para mantenerlo detenido deberían tener a los autores materiales, ahora no tienen nada". También recalcó que la necesidad de mantener la detención se basa en una opinión del fiscal y no en datos objetivos. En este sentido recordó que él ha sido el abogado defensor de homicidas que permanecen en libertad en espera de una sentencia firme. También destacó la resolución del juez de la carpeta señalando la precisión de los argumentos jurídicos que la fundaron, y requirió que sea confirmada por el tribunal.

En las réplicas Zacchino sostuvo que el ejemplo dado por Hernández evidencia todo lo contrario a lo que él se propone, ya que uno de los testigos se mostró muy atemorizado y debió interrumpirse la audiencia hasta que se calmara. Según el fiscal, el propio defensor había amedrentado testigos, y el ahora imputado, en aquella causa el testigo que llevaría una versión inverosímil para desincriminar al acusado, habría retirado a un testigo de la localidad para que no pudiera declarar.

El defensor indicó que esas acciones deberían haber sido atacadas en su momento, y en este caso de producirse debieran seguirse los pasos legales que las previenen o reprimen, pero no puede ser utilizado algo que sucedió "hace cuatro años" en estas circunstancias.

El imputado hizo uso de la palabra para volver a llamarse inocente. Resaltó que tiene dos hijos y que luego de escuchar por la televisión que trataban de delincuente a su padre, uno de ellos lo llamó por teléfono a la comisaría llorando. También destacó el daño que le produce que se esté hablando de él como si ya pudieran estar seguros de que tuvo participación en el hecho. Además planteó que la no escrituración de unas tierras no pueden ser motivo de encono porque si no escritura un escribano se puede ir a realizar esta tarea en otra escribanía de la provincia. Por otra parte planteó en su defensa que haber protagonizado de chico peleas callejeras no lo convierte en un delincuente.

 

Adentro

Luego de un cuarto intermedio, Rosales y Casal resolvieron disponiendo la prisión preventiva por un plazo de diez días, conminando a la Fiscalía a que tome todos los recaudos necesarios para la investigación en este período de tiempo, ya que por el entorpecimiento procesal no puede sostenerse indefinidamente la prisión preventiva sino que habrá que cambiarla por medidas menos gravosas.

Ambos jueces destacaron las implicancias del estado de inocencia que se mantiene incólume hasta alcanzar una sentencia firme condenatoria. Rosales sostuvo que hay tres fases claramente identificables, la de sospecha, la de probabilidad y la de certeza. Esta última se alcanza con la sentencia firme, en tanto que para dictar una prisión preventiva se requiere de probabilidad, la que en este caso está debidamente fundada.

Casal dijo que resulta difícil para la sociedad comprender que un imputado esté en libertad durante el proceso, pero este sistema procesal que es mucho más complejo que el viejo sistema inquisitivo, tiende a lograr la certeza de lo que se pretende investigar, no a prejuzgar.

En relación a la resolución del Dr. Criado, se manifestó en desacuerdo con un planteo fiscal y resaltó que el juez no tiene la obligación de analizar la totalidad de los planteos, sino solo los que resulten fundamentales para la resolución.

También indicó que un tema discutido entre ambos magistrados en la deliberación fue la posible persistencia de la situación actual de temor por parte de los testigos, una vez superados los diez días de la medida. "No podemos seguir revisando la necesidad de una prisión preventiva una y otra vez", sostuvo, coincidiendo con Criado en que la medida en estos casos solo puede ser viable en los primeros momentos de la investigación.

Finalmente el tribunal dispuso la prisión preventiva del imputado por un plazo de diez días.

Incendio en la propiedad de la familia Lagos - Mac Karthy

SE MODIFICARON LAS MEDIDAS DE COERCIÓN DE TRES DE LOS IMPUTADOS

 

Este miércoles se cumplieron los diez días de la prisión preventiva fijada en al audiencia de formalización de la investigación. El fiscal dio a conocer el resultado de las últimas medidas realizadas y solicitó la morigeración de las medidas de coerción de los dos imputados como presuntos autores materiales del hecho, diferenciando la situación del imputado como autor intelectual para quien requirió el mantenimiento de la prisión preventiva por treinta días. Solo en este último caso hubo rechazo de la defensa. El juez dispuso reemplazó la prisión preventiva por presentaciones periódicas en organismos públicos y la prohibición de acercamiento y contacto entre ellos y en relación a las víctimas.

El martes se realizaron ruedas de reconocimiento respecto de dos de los presuntos autores materiales del hecho. Ambas dieron resultados negativos. Igual suerte corrió una pericia dactiloscópica. Estos elementos fueron ponderados por el fiscal para pedir la morigeración de la medida de coerción que venían sufriendo dos imputados. Zacchino sostuvo que en esta etapa basta con una presentación semanal en la Oficina Judicial y con la prohibición de contacto entre sí y en relación a las víctimas, hasta que se resuelva definitivamente su situación –en un sentido o en otro- en el proceso.

En esta línea planteó el fiscal cuáles son las medidas que se realizarán para terminar el análisis de otras evidencias.

Los defensores particulares, Dora Davies y Juan Zapata estuvieron de acuerdo con lo expresado, solicitando únicamente que las presentaciones se requieran cada quince días por la situación laboral de uno de los imputados.

Distinto fue el análisis en relación al presunto autor intelectual. En este caso el fiscal sostuvo que la situación de riesgo procesal se mantiene, no solo por el temor manifestado por los testigos, sino también por las posibilidades ya demostradas por este en la descripción del hecho que se investiga. Zacchino planteó que el imputado demostró tener la posibilidad de inducir a otra gente a actuar por él, según sus designios. También hizo referencia a una serie de mensajes de texto recibidos en el teléfono celular del imputado, en los que otras personas hablaban del hecho, y de varios mensajes borrados.

Horacio Hernández, el abogado que había renunciado a la defensa del imputado y luego en esta audiencia volvió a asumir la representación, planteó que para sostener la autoría intelectual la Fiscalía necesita tener a los autores materiales del hecho, y no los tiene, ya que es evidente que los imputados en este sentido son inocentes. “Hoy hay menos pruebas, se cayó la única línea investigativa”, sostuvo, agregando que está dispuesto a ofrecer elementos para seguir otra posible línea de investigación, sosteniendo que es muy posible que el móvil fuera una causa por tierras como aquella en que se formalizó la investigación esa misma mañana imputando a ex funcionarios municipales de Cholila.

Finalmente solicitó la libertad de su defendido, la imposición de medidas similares a las de los otros imputados o al menos la prisión domiciliaria por una semana en Cholila.

Resolución

Jorge Criado dispuso las medidas pedidas en relación a los dos primeros imputados, ya que no hubo discusión entre las partes.

Respecto del tercer imputado, recordó que esta audiencia fue fijada para analizar si a esta altura de la investigación subsiste el riesgo de entorpecimiento y se precisa o no mantener cautelada su libertad. El juez decidió dictar la libertad del imputado, considerando innecesario mantenerlo en prisión preventiva. Dispuso una prohibición de contacto con la víctima y con su grupo familiar, la obligación de mantener su domicilio de Cholila, una prohibición de contacto con los coimputados y la presentación semanal en la comisaría de Cholila.

Incumplimiento de los deberes de funcionario público

SE FORMALIZÓ LA INVESTIGACIÓN PENAL

La Fiscalía investiga una maniobra con tierras fiscales realizada en el ejido municipal de Cholila en el año 2010. Este miércoles se formalizó la investigación en una audiencia a la que asistieron el fiscal Martín Zacchino, el representante de la querella, Marcelo Macayo y los dos imputados con su defensor Jorge Williams, además de los damnificados.

La Fiscalía describió el hecho indicando que se produjo entre el 15 y el 19 de abril del 2010, cuando Gustavo Javier Galindo, en su carácter de Intendente Interino de la Municipalidad y Néstor Rubén Becerra en carácter de Secretario de Gobierno, procedieron, a sabiendas de las obligaciones que la Ley Provincial Nº 3098 ponía a su cargo, a omitir en lo que era de su incumbencia la aplicación de la ley de tierras fiscales de la provincia del Chubut. Esa omisión se habría evidenciado al dictar las resoluciones nº 24/2010 y nº 25/2010, en las que se reconoció derechos posesorios sobre los lotes ubicados en la Circunscripción 3 – Sector 3 del Ejido (09) de la localidad de Cholila, individualizados catastralmente como Parcela 4 de la Chacra 11 con una Superficie de 74 ha 58ª 94 ca, y la Parcela 1 de la Chacra 16 con una Superficie de 7 ha 16ª 11ca pertenecientes a la familia Perry, a personas que jamás habrían ocupado las mismas. Posteriormente fueron transferidos esos derechos con la intervención de una escribanía de Esquel a una tercera persona a precio vil.

Por estos hechos se imputa el delito de violación de los deberes de funcionario público a ambos sindicados.

El defensor solicitó que la investigación preliminar se restrinja a quince días por el largo plazo transcurrido entre la fecha de constitución de querellante y la de la audiencia de apertura. También solicitó que se tome como la normativa que reguló los actos que se cuestionan, a la ordenanza municipal, no a la ley provincial.

Por su parte Zacchino se opuso a la reducción de plazo solicitada, calificándolo de irrazonable. Macayo adhirió al planteo fiscal y acentuó que la provincia no pudo controlar lo que se hizo en Cholila en este caso. También señaló que la familia perjudicada pagó la tierra años atrás, lo que en otros casos fue valorado como derechos a la obtención de la escritura. El letrado señaló que la ordenanza otorga poderes omnímodos al intendente municipal sin respetar las ocupaciones previas.

Finalmente la juez Anabel Rodríguez entendió que mas allá de su postura personal, debe tener a la vista lo resuelto por el Superior Tribunal de Justicia en otros casos, y lo que establece la reforma del Código Procesal, indicando que el comienzo de la contabilización del plazo es a partir de la audiencia de apertura. Además solicitó a los acusadores que procuren acelerar la investigación para comprimir en la medida de lo posible la duración de la misma.

Respecto de la norma que debe tenerse en cuenta para analizar los hechos imputados, señaló que implica un análisis propio de otra etapa del proceso.

Delegación de la Fiscalía en la Comarca

UNA VEZ AL MES SE HACEN AUDIENCIAS EN El HOYO

Centro Comunitario de El Hoyo

Días atrás se realizó una nueva jornada de audiencias en la localidad de El Hoyo. El “traslado” de los tribunales a la comarca facilita el acceso a las audiencias no solo a las víctimas y los imputados, sino también a la toda la población de esa región. La Oficina Judicial prevé realizar una jornada de audiencias al mes en esa localidad.

Doce audiencias de apertura de la investigación habían sido fijadas, finalmente se concretaron once ya que en una de ellas el imputado no había sido notificado personalmente. El Fiscal Oscar Oro y los funcionarios de Fiscalía José Arbiza y Karen Kagerer se mostraron entusiasmados con esta modalidad que permite optimizar el trabajo de esa delegación del Ministerio Público Fiscal. El juez que actuó en todos los casos fue el Dr. Ricardo Rolón, en tanto que con anterioridad actuó Javier Allende.

Arbiza sostuvo que la jornada fue muy productiva ya que se realizó un juicio abreviado por hurto y encubrimiento, una suspensión de juicio a prueba y una conciliación, además de la formalización de la investigación en los demás casos. De ahora en más se realizarán audiencias programadas en El Hoyo mensualmente, en tanto que también una vez al mes se concentrarán las audiencias de esa circunscripción en la ciudad de Esquel.

Nuevos hechos

HURTO:

Un vecino de Esquel denunció que ingresaron a su vivienda y le sustrajeron una notebook. Ocurrió el lunes entre las 20 y las 21:30 hs. en Rivadavia al 300.

ROBO:

Autores ignorados rompieron la vidriera de un comercio y sustrajeron veinte pares de anteojos de sol. Sucedió en 25 de Mayo al 400, Esquel, entre la noche del lunes y la mañana del martes.

ROBO:

Personas no identificadas violentaron la ventana del baño de una oficina pública, ingresaron, sustrajeron un CPU y un monitor plano y salieron por la ventana de la oficina. Ocurrió entre la tarde del lunes y la madrugada del martes en Alvear al 900, Esquel.

Caso Julián Amado

 RIVAROLA SE REUNIÓ NUEVAMENTE CON AMIGOS DE JULIAN EN ESQUEL

A pedido de los jóvenes, Fernando Rivarola visitó una vez más la escuela Politécnica para informar sobre la marcha de la investigación. El fiscal regresó este fin de semana de la ciudad de Sarmiento, desde dónde dispuso la intervención de profesionales en medicina legal de San Carlos de Bariloche. Los especialistas deberán analizar las constancias de la autopsia, fotografías y demás elementos relevados en la escena del hecho y en el cuerpo de Julián. También dispuso nuevos estudios de ADN.

Rivarola habló con algunos amigos de Julián la semana pasada y se comprometió a visitarlos en la escuela cuando regresara de Sarmiento. Cumpliendo este compromiso visitó el lunes por la mañana a los jóvenes, escuchó las dudas y respondió a cada una de ellas con la información disponible hasta este momento en la investigación. También se puso a disposición para que vuelvan a contactarlo pasados veinte días, plazo en el que espera contar con resultados de las pericias requeridas recientemente.

 

Estado de la investigación

Recordemos que la semana pasada se daba a conocer desde la Fiscalía de Sarmiento que el estudio jurídico que representa a la familia de Julián presentó un nuevo informe de autopsia realizado por un profesional forense por ellos contratado. Este informe cuestiona la autopsia y sus conclusiones. Considerando que el profesional cuestionado es un médico legista de Chubut y en busca de una lectura cuya objetividad sea incuestionable, Rivarola dio intervención a destacados forenses de Río Negro que cuentan con una trayectoria a nivel nacional y con el apoyo del Centro Atómico de Bariloche. El fiscal indico que el objetivo de esta actividad pericial es permitir a las partes interesadas, que designen a un profesional como perito de parte a los fines de que sus conclusiones- estén de acuerdo  o no con el informe del cuerpo médico de Bariloche- puedan ser consideradas con rigor pericial.

También se tramitan nuevas pericias de ADN que buscan descartar que el ADN relevado en la escena del hecho pertenezca a personas que tuvieron contacto con esos elementos de trabajo días antes de que se produjera el deceso de Julián.

Acopio de armas

SE DECLARÓ LA COMPETENCIA FEDERAL

 

La investigación llevaba varios días en curso y tuvo su corolario en cuatro allanamientos simultáneos realizados el pasado fin de semana en Esquel. Con orden judicial una persona fue aprehendida y este lunes se realizó la audiencia de control de la detención y formalización de la investigación. La Fiscalía sostuvo que los elementos constatados encuadran en el delito de acopio de armas de fuego, piezas o municiones, lo que llevaría la investigación a la competencia federal. Sin oposición de la defensa, el juez dispuso la remisión de las actuaciones al Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche.

Martín Zacchino es el fiscal que tuvo a su cargo la investigación. A pedido suyo el juez de turno autorizó la realización de cuatro allanamientos simultáneos que arrojaron resultados positivos, y la detención de un joven sindicado como el autor de los delitos que se investigaban. En principio se pretendía constatar los delitos de tenencia y portación de armas de fuego, y la posible venta y alquiler de las mismas. Sin embargo, al allanar los domicilios se encontraron elementos que darían cuenta de un delito aun más grave, el acopio.  Además de armas catalogadas como de uso civil y de guerra, se encontraron piezas, municiones e instrumental para recargarlas.

Luego de formalizada la investigación, el fiscal solicitó que se imponga una presentación semanal del imputado en la Oficina Judicial. Omar López, defensor público, se opuso a esta medida señalando que no se apoya en la necesaria cautela de ningún peligro procesal, ya que su defendido tiene fuerte arraigo en la zona y no se evidencia riesgo de entorpecimiento.

Zacchino explicó que de encontrarse frente al delito de acopio quedarían subsumidos los de tenencia y portación, por lo que la competencia sería exclusivamente federal.

En el mismo sentido resolvió el juez Ricardo Rolón, disponiendo que se remitan las actuaciones al juez federal con asiento en Bariloche. El magistrado rechazó el pedido de medidas de coerción por considerar que en este caso no se observan riesgos objetivos para la investigación.