La fiscalía mantuvo suacusación en el alegato de cierre, hizo hincapié en el artículo 60 del Código
Contravencional que obliga a la autoridad a iniciar acciones por denuncia o por
el solo conocimiento de la infracción a la norma. Rivarola sostuvo que los
imputados omitieron actuar dolosamente por lo que incurrieron en abuso de
autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Los defensores
se esforzaron en demostrar que los policías no fueron debidamente informados,
que cumplieron con su deber y por lo tanto su conducta no es reprochable por lo
que deben ser absueltos.
Todo comenzó con una
situación generada en establecimiento rural de Colán Conuhé el 4 de mayo de
2013 a las 17:30 hs. Un grupo trabajaba en la instalación del alambrado
eléctrico, cuando se sorprendieron y asustaron por los disparos propinados por
dos sujetos desde la ruta en dirección a donde ellos se encontraban. Los sujetos
mataron una cría de ñandú que dejaron abandonada, antes de retirarse en su
vehículo.
Este episodio no es el
que se juzga, pero es el que dio pie a la presentación espontánea en la
Comisaría, de una persona que se reconoció como autor de un disparo que habría
asustado a unas personas, mostró que tenía los papeles en regla respecto del arma
y un permiso de caza mayor. También llegó
a la comisaría una de las personas que temió por su vida a partir de los
disparos. Lo que sucedió en esa dependencia policial, el accionar de los
policías, es lo que se debatió en el juicio y lo que está analizando el juez
Martín O’ Connor por estas horas. ¿Actuaron conforme a su responsabilidad
funcional? como sostienen sus defensores o ¿incumplieron a sabiendas con sus
responsabilidades legales? según la hipótesis fiscal.
En lo concreto, aquel
día no se formalizó una denuncia en la Comisaría. Los imputados sostienen que
el damnificado no quiso denunciar, solo fue al lugar enojado y no supo exponer
claramente sus razones ante los uniformados. Por su parte los uniformados
habían constatado ya, que el acusado tenía sus papeles en regla y realizaba
correctamente el transporte de armas y municiones, según establece la ley para
quienes tienen habilitada la portación.
Rivarola resaltó que
el Código obliga a la policía a iniciar acciones de oficio ante la sola noticia
de que alguien incurrió en una contravención, y en este caso eso no se hizo, a
sabiendas. La causa contravencional se inició recién el 13 de mayo, a partir de
la presentación del denunciante en el Juzgado de Paz, y la juez de paz conoce
la presentación realizada previamente en comisaría, porque el damnificado
acompañó su copia del informe, no por la remisión de la misma por la policía.
Por otra parte
Rivarola se refirió a que “sobrevuela” la sensación de que se está encubriendo
a otra persona. Se refiere a que los damnificados coinciden en haber visto dos
personas que descendieron del vehículo y realizaron los disparos, sin embargo
solo una se presentó en comisaría. Nunca se pudo establecer fehacientemente la
presencia de un segundo sujeto.
La acusación resaltó
que los imputados omitieron formar denuncia, labrar debidamente el acta de
infracción, detener o identificar debidamente a los infractores, secuestrar el
animal baleado, informar de la ocurrencia del hecho al Juzgado de Paz o a la
Fiscalía, identificar a los testigos, ni recibir los elementos de prueba que
habían colectado los damnificados.
Rivarola pidió que se condene
a Martínez a seis meses de prisión en suspenso, más un año de inhabilitación
especial para el ejercicio de las funciones, y a Núñez por tener un rango
menor, a la pena de tres meses de prisión en suspenso y seis de inhabilitación
especial.
El abogado defensor
José Julián Ripa resaltó que el denunciante no fue claro cuando se presentó en
la comisaría, había sacado fotos del animal herido pero no las presentó, tenía
testigos en su vehículo y no los convocó para que acompañen sus dichos, se fue
ofuscado, no le gustó lo que le dijeron y no quiso formular denuncia. El letrado
resaltó que la Fiscalía no pudo probar la existencia de dolo, por lo que
solicitó la libre absolución del Oficial Martínez.
A su turno la abogada
de Mauricio Núñez, Carmen Galindo, adhirió a los planteos de Ripa, resaltó que
no había razones para que los policías hubieran procedido de un modo diferente
a como lo hicieron y que su defendido actuó conforme la ley.
Martínez hizo uso de
la palabra para agradeció el trato recibido y felicitar a su defensor.
La sentencia se
conocerá el jueves 13 a las 13:05 hs.
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