Homicidio de Javier Millacán

El hecho ocurrió el sábado a la noche, la víctima falleció estando internada en el hospital varias horas después. El domingo se realizaron allanamientos y la detención de cinco personas presuntamente vinculadas al hecho. Este lunes se realizó la audiencia de formalización de la investigación y, a pedido de la Fiscalía, se dispuso la prisión preventiva de los cinco imputados por un plazo de sesenta días.

La detención de los cinco imputados se produjo a partir de una orden judicial, solicitada por la Fiscalía y autorizada por el juez de turno, simultáneamente a los allanamientos. Los cinco detenidos fueron llevados el lunes al mediodía a los Tribunales de Esquel, sin embargo la audiencia se demoró algo más de una hora. En ese tiempo tomaron contacto con defensores públicos y fueron asesorados.
La sala 2 de los Tribunales estaba colmada en su capacidad. El silencio del público dejaba escuchar por momentos el llanto contenido de los familiares de la víctima.

El hecho

La funcionaria de Fiscalía Julia Mateos describió el hecho indicando que ocurrió el sábado aproximadamente a las 21.30 hs. Cuándo un grupo de personas integrado entre otros por los cinco imputados, de dirigió a un mercado del Barrio Estación donde sabían que estaba Javier Millacán consumiendo bebidas alcohólicas junto a otras personas. Allí le dieron muerte mediante el uso de, al menos, un arma de fuego y un arma blanca, piedras, golpes de puño y patadas, ocasionándole múltiples heridas que horas después le produjeron la muerte mientras estaba internado en el HZE.
Mateos explicó que la autopsia no había concluido al inicio de la audiencia, sin embargo en una comunicación telefónica, la médica forense adelantó que la muerte se produjo a partir de múltiples heridas, 13 de ellas con arma blanca, algunas en abdomen y en otras zonas del cuerpo. También presentaba hematomas incluso en el cráneo. Provisoriamente, el hecho fue calificado como homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas.
El Ministerio Público Fiscal contará con el plazo de seis meses para finalizar la investigación penal preparatoria.

La prisión preventiva

La Defensa no cuestionó la detención, ni la apertura de la investigación. La discusión entre las partes se produjo al momento en la que Fiscalía requirió al juez la imposición de prisión preventiva para todos los imputados por un plazo de dos meses.
El pedido se basó en los peligros de fuga y entorpecimiento procesal. Entre otros aspectos, la acusadora planteó que aun resta determinar con certeza si hubo otras personas que también hayan participado de la agresión homicida. También se refirió a la necesidad de proteger a los testigos y de asegurar la investigación, resaltó la gravedad y características del hecho y la particularidad del caso ya que la víctima, su familia y los imputados, son vecinos.
La Defensa se dividió, Bruno Deias representó a cuatro de los imputados y Valeria Ponce al quinto. Ambo se opusieron al dictado de la medida. Sostuvieron que la sola gravedad del hecho no es suficiente para dictar un encarcelamiento preventivo y es obligación del juez buscar alternativas a la medida cautelar más gravosa que ofrece el Código. También se refirieron al arraigo de los acusados en la ciudad y a los lazos familiares y laborales que garantizan su permanencia. Valeria Ponce se basó en la declaración de su defendido para señalar que la situación de este se diferencia con la del resto ya que sostiene que no participó de la acción homicida, sino que simplemente estaba en el lugar. La defensora ofreció un domicilio en otro barrio para que el imputado mude su lugar de residencia y evite contacto con testigos y demás imputados.

Peligro de fuga y entorpecimiento procesal

Martín Zacchino dispuso la prisión preventiva por sesenta días. El magistrado entendió que las características del hecho hacen presumir que los imputados no se someterían al proceso en libertad. La intensidad con que fue cometido el hecho es relevante a la hora de disponer una prisión preventiva, quien decide cometer un hecho de esas características, más aun puede incidir sobre testigos, amenazar, ocultar, incluso fugarse (Zacchino). El juez tuvo en cuenta también la posibilidad de que hubiera más personas involucradas en el hecho, que aun no fueron llevadas a proceso e indicó que debe "analizar la decisión de la prisión preventiva ponderando todos los elementos en conjunto y no de modo aislado". Así, sostuvo que el arraigo de los imputados, frente a una amenaza de pena de prisión perpetua, es débil.

Lesiones graves: El Tribunal fijó la pena en dos años de prisión

Se conoció la sentencia de imposición de pena, en el juicio que determinó la responsabilidad penal de Eduardo Gavilondo como autor del delito de lesiones graves. Por unanimidad los magistrados fijaron la respuesta punitiva en dos años de prisión en suspenso. La Fiscalía había solicitado la pena de 2 años y medio y la defensa la aplicación del mínimo legal.

Hernán Dal Verme, Anabel Rodríguez y José Colabelli, estuvieron de acuerdo en que, por sus características particulares, la pena justa y proporcional debe encontrarse en el segmento medio de la escala disponible. Dal Verme la pena debe escogerse de "una escala de gravedad continua y de crecimiento paulatino, en la que el legislador establece todos los casos posibles, desde el más leve hasta el más grave que se pueda concebir, y el sentenciante debe ubicar cada una de las controversias sometidas a su conocimiento, procurando hacerlo en el segmento correcto".

El conflicto debió resolverse según las normas laborales

Los jueces coincidieron con el fiscal Fernando Rivarola al valorar como agravante que el hecho tuviera lugar en el ámbito de trabajo de la víctima y que mediara una relación de superioridad jerárquica del imputado hacia quién resultó herido. "… Es el ámbito donde ambos trabajaban, la situación de preminencia jerárquica del imputado respecto de la víctima, ameritan a exigir por parte del primero que las situaciones de conflictos deben encaminarse de acuerdo con las normas que prevén la actividad laboral y no por vías de acción directa", expuso Colabelli.

Al ponderar agravantes, la Dra. Rodríguez refirió "el lugar en que los hechos acontecieron, y la preminencia que tenía el condenado sobre su víctima, tanto por su condición jerárquica como también en la situación en particular, en atención a que el despido ya había sido decidido y la relación laboral, prácticamente, concluida".

"…La existencia de un marco jurídico como el descripto impone mayores recaudos en cuanto al respeto de los derechos de la persona que se encuentra en situación de  subordinación", sostuvo Dal Verme.

Con arma de fuego

El empleo de un arma de fuego para producir las lesiones, es otro de los elementos que agravaron la respuesta punitiva. No se trata aquí de un caso menor dentro de la especie como podría ser aquél en el que el autor ejecuta el hecho sin valerse de armas; el uso de un arma de fuego nos sitúa ante un hecho de significativa gravedad, y por ello, al seleccionar la respuesta punitiva, atendiendo a los principios constitucionales de hecho y proporcionalidad, nos alejamos del mínimo de la escala legal (Rodríguez).

Los atenuantes

La falta de antecedentes penales del imputado, que se tratara de un hecho único en su vida, la actitud que mostró luego de cometido el hecho y su sometimiento al proceso, fueron factores que valoraron los juzgadores en su favor.

La modalidad de cumplimiento de la sanción a imponer debe ser condicional como lo propusieron las partes. De lo expuesto anteriormente surge evidente que imponer una pena de efectivo cumplimiento resulta innecesario ya que, como sostuvo el propio Fiscal, el hecho aparece en la vida de Gavilondo como un hito aislado que permite un pronóstico favorable a futuro. (Dal Verme)

Audiencia de control de detención por Abigeato, Atentado a la autoridad y lesiones

A lo largo de todo el día se realizó la audiencia de control de la detención y formal apertura de la investigación en relación a siete personas detenidas el martes por la tarde en la zona de Leleque. El juez José Colabelli se apartó de la carpeta, luego de admitir el pedido de recusación realizado por la Defensa. Los imputados hicieron uso del derecho a ejercer su defensa material ofreciendo una detallada versión de los hechos que finalizaron en su detención y lo ocurrido mientras estaban aprehendidos. Denunciaron abusos policiales en relación a los cuáles se abrirá un legajo fiscal para su investigación.


La detención fue declarada legal y formalizada la investigación por dos hechos. La hipótesis fiscal, basada en las actuaciones policiales fue contrarrestada por la declaración de los imputados en la audiencia. Los siete ofrecieron detalladas versiones de lo ocurrido. Esa información será constatada por la Fiscalía mediante distintas medidas de prueba que pueden ser aportadas o sugeridas por los imputados.

Los hechos fueron calificados como abigeato agravado en grado de tentativa, atentado contra la autoridad agravado por usar arma de fuego, material explosivo, por el número de intervinientes y lesiones y daño. También se imputó la tenencia de material explosivo, aunque el juez indicó que se trata de un delito de competencia del juzgado federal.

VIDEOS
Pedido de recusación al juez José Colabelli por los imputados
Identificación y lectura de los hechos imputados
Versión de los acontecimientos dada por los acusados

Relato de los hechos por los que se formalizó la investigación

HECHO 1:

En la localidad El Maitén el día 10 de enero de 2017, siendo las 16:00 horas aproximadamente, personal policial de Abigeato de El Maitén, se dirigió por la vieja ruta 40, hasta el cuadro Mallín Redondo, antes de llegar a la curva “de Leiza”, lugar en el que constatan la presencia de una camioneta Toyota modelo RAV color celeste, al costado en la banquina y en el interior del cuadro dos personas del sexo masculino, arreando un total de 360 animales vacunos, desde el cuadro Mallín Redondo, perteneciente a la Estancia Compañía de Tierras del Sud Argentino, hacia la curva conocida de “Leiza”, procediendo a su aprehensión. Asimismo se pudo constatar que en el cuadro mencionado existían 6 cortes de alambrado que separan dicho cuadro de la ruta, por un total de 500 metros aproximadamente.

HECHO 2

Este hecho ha ocurrido el 10 de enero de 2017, con posterioridad a las 16:30 hs, en circunstancias en que personal de la división de abigeato abordo de un camión Fiat Iveco N1 registro policial 262, trasladaban animales equinos secuestrados en el marco del procedimiento autorizado judicialmente en el legajo fiscal nro 37470, por la ruta 40 con dirección a la localidad de El Maitén. Al pasar por la conocida curva de Leiza, advierten la presencia al costado de la ruta de una camioneta de color gris con baranda de madera marca Isuzu con varias personas en su interior y en la caja, quienes al pasar el camión arrojaron algún elemento contundente.  El camión continuó la marcha hasta llegar al asfalto con el cruce de la ruta 70, lugar en el que fue sobrepasado por la camioneta Isuzu, la que se ubica adelante del camión y disminuye la velocidad, procediendo las personas que iban en la caja a arrojarle una bomba tipo molotov, la que impacta en la parte inferior del paragolpes, sin provocar incendio y le efectúan varios disparos con armas de fuego, habiendo utilizado al menos un arma corta o de mano y otros elementos contundentes (piedras), impactando algunas de estos disparos en el frente y en el lateral izquierdo del camión. De inmediato el personal policial, repelió la agresión utilizando armas reglamentarias, al tiempo que recibió apoyo de un vehículo particular en el que se traslada el Jefe de la División Abigeato con dos suboficiales del mismo cuerpo, que venían detrás del camión y en un móvil de la Comisaria Leleque, siendo una camioneta Amarok con 4 suboficiales que provenían desde el maitén y le impidieron a los tripulantes de la camioneta huir hacia esa localidad. En éstas circunstancia, 3 sujetos encapuchados descendieron de la camioneta e ingresaron a los predios rurales adyacentes, procediendo el personal policial a su persecución y a la aprehensión de un joven. El resto de los tripulantes de la camioneta dos hombres y dos mujeres, emprendieron la huida hacia la localidad del El maitén, para lo cual y para sortear el obstáculo policial, intentaron atropellar a un suboficial tirándole la camioneta encima, éste logró tirarse a un costado, recibiendo un golpe con el paragolpes delantero, que le provocó lesiones de carácter leve y utilizando su arma reglamentaria, (pistola calibre 9 mm) le efectúa 2 disparos, uno impactando en la rueda trasera izquierda y el otro en la tapa de la caja del rodado. No obstante la rotura de la cubierta trasea, continuaron la huida hacia el maitén siendo perseguidos por personal policial, siendo alcanzados y detenidos en las instalaciones del viejo hospital El maitén, procediendo a la detención.

Efectuada la requisa de las camionetas secuestradas, se procedió al secuestro de 3 bombas del tipo molotov, siendo dos de ellas botellas de vidrio de fernet branca y la otra una botella de vidrio de un litro de cerveza, con combustible y pasto en el interior, las que resultan ser elementos con poder explosivo e inflamante, además de elementos varios con los hechos investigados, tales, como cuchillos, lazos, cabezada y freno, sogas, una montura y otros elementos halladas en el interior de los rodados

Las calificaciones legales provisorias de los hechos imputados son: por el hecho 1 Abigeato agravado por el número de animales y por haberse realizado en las condiciones en el artículo 164, en grado de tentativa, en relación a dos de los imputados. Por el hecho 2 Atentado contra la autoridad, agravado por haber usado arma de fuego y material explosivo, por el número de intervinientes y por haber puesto mano en la autoridad en concurso ideal, con lesiones leves y daño, todo ello en concurso real con tenencia de material explosivo o inflamable en calidad de coautores, respecto de los ocupantes de la segunda camioneta.

Fiscalía pidió apertura de la investigación por el violento hecho a la salida de un baile de egresados

El 18 de diciembre a las 6 de la madrugada, un grupo de jóvenes atacó con piedras, golpes de puño y patadas, a otros dos. A raíz de la golpiza, una de las víctimas sufrió fractura de nariz y maxilar, entre otras heridas, la otra, hematomas y excoriaciones. También el vehículo resultó con diversos daños. Cuatro personas fueron identificadas como presuntos autores del hecho y serán llevadas a audiencia el 24 de enero a las 10 hs. Tres de los cuatro imputados son menores de edad.

La calificación legal que provisoriamente escogió la fiscal Fernanda Révori es la de daño, lesiones leves, lesiones graves, ambas lesiones calificadas por el concurso premeditado de dos o más personas. La apertura formal de la investigación que se realizará en la audiencia, da cuenta de que la investigación logró reunir elementos suficientes para imputar a las personas individualizadas e iniciar un proceso penal en su contra. En esa audiencia tendrán oportunidad de ser escuchados por la Fiscalía y por un Juez, llegarán asesorados por un abogado y estarán en condiciones de iniciar su defensa. Por haber menores de edad, la audiencia se realizaría a puertas cerradas.

A las 6 de la mañana del 18 de diciembre, en la intersección de Avenida Fontana y calle  Sáenz Peña de esta ciudad de Esquel, en circunstancias en que un grupo de jóvenes probablemente integrado por los cuatro imputados y tres o cuatro más aún no identificados, de manera conjunta, coordinada y por motivos que tratan de establecerse, agredieron mediante piedras, golpes de puño y patadas a las dos víctimas quienes esa madrugada circulaban a bordo del rodado, ocasionando con la mecánica de agresión empleada, múltiples lesiones a las víctimas de diferente entidad. Según el relato del hecho presentado por la Fiscalía, una de las víctimas sufrió herida cortante en región occipital, escoriaciones en rostro, fractura en nariz y en maxilar inferior con rotura de dos elementos dentarios, en tanto que la otra, hematomas en zona malar derecha y excoriaciones varias en pared posterior del tórax. Asimismo, provocaron daños de entidad en el rodado automotor, a saber: luneta dañada a la altura del techo, margen derecho, con un orificio circular, abolladuras en el techo, roturas en cristal de la puerta trasera derecha y abolladuras en parante de puerta trasera derecha, con esparcimiento de cristales en el interior del rodado.

Control de detención por tentativa de robo

Esta madrugada la policía detuvo a un joven luego de que intentara ingresar una vivienda violentando la puerta trasera. En audiencia oral y pública fue declarada legal la detención y se formalizó la investigación penal en su contra, por tentativa de robo y daño.

Aproximadamente a las 4:35 hs., el imputado entró al patio de una casa del Barrio 50 Viviendas y comenzó a dar patadas a la puerta trasera. El propietario advirtió la situación y el intruso, al verse descubierto se dio a la fuga. Fue alertada la policía y lograron encontrar al imputado escondido en el interior de un colectivo que estaba estacionado cerca de la casa.

Este hecho fue calificado por la Fiscalía como tentativa de robo y supletoriamente como violación de domicilio.

Ya en la Comisaría, en el sector de baños de caballeros, se descontroló golpeando elementos que había en el lugar. A patadas rompió el pie del vanitory. Este segundo hecho fue calificado como daño.

La investigación penal en los casos de abuso sexual

El Ministerio Público Fiscal de Chubut aborda las denuncias de abuso sexual desde el aspecto legal y victimológico. Ambos abordajes confluyen a su vez en el dispositivo médico legal, implementado en toda la provincia a partir de un convenio con el Ministerio de Salud. Su correcta y oportuna implementación, garantiza derechos básicos de la víctima vinculados a su salud sexual y reproductiva y la eficiente obtención de material biológico fundamental para lograr la sanción penal del autor.

Los abusadores sugestionan a sus víctimas para imponer el secreto. Ese silencio se sostiene por temor y a costa del sufrimiento, la confusión y la desazón de la víctima. Muchos casos son denunciados recién a partir de la evidencia de un embarazo. Otros son denunciados mucho tiempo después, e incluso algunos nunca llegan al conocimiento de la justicia.

La prueba

La prueba es muy difícil de obtener. Suelen jugar muchos intereses, fundamentalmente en el abuso sexual intrafamiliar. La experiencia indica que los miembros de la familia suelen tomar partido por alguno de los involucrados. Incluso la madre de la víctima no siempre acompaña el proceso.

Sin lugar a dudas la prueba más clara es el ADN que puede obtenerse mediante la aplicación del Dispositivo de Abuso Sexual disponible en todos los hospitales de la provincia, así como la prevención del embarazo y de enfermedades de transmisión sexual. Sin embargo esto solo es posible cuando la denuncia es inmediata a la producción del abuso o bien cuando a raíz del abuso se produjo un embarazo.

Estos hechos ocurren entre cuatro paredes. Los indicios cobran fuerza en relación al relato de la víctima, son datos que parecen no tener significación propia, que no aportan la evidencia de un testigo directo, pero que permiten corroborar circunstancias, conductas, costumbres alteradas, cambios en la personalidad y/o en el rendimiento escolar.

El abusador suele ser el referente de la víctima en distintos ámbitos, se muestra como el adulto que se ocupa de sus cosas y de este modo se asegura el control del secreto. El abusador detecta el estado de vulnerabilidad y de este modo elige a su víctima. 

El relato

En todos los casos la investigación se activa por la denuncia. La declaración de la víctima es central para la investigación. El relato se realiza en cámara Gesell, procurando que la víctima declare por única vez en ese momento. Algunas veces se puede hacer rápido, pero en muchas otras no. La víctima debe estar preparada anímicamente para pasar por esa instancia y son los profesionales del SAVD quienes sugieren el momento más oportuno para hacerlo.

La psicóloga forense toma la declaración y realiza la pericia psicológica. Esta pericia evalúa si el relato es creíble, si detecta o no una tendencia a la fabulación, si se advierte algún interés, si se evidencia un relato armado, entre otros aspectos. Esta pericia valida el relato de la víctima.

Actualmente en los Tribunales de Esquel, las Cámaras Gesell se realizan con la presencia en la retrocámara –ubicada tras un vidrio que se convierte en espejo al interior de la cámara- de los jueces, el fiscal, el defensor y el imputado. El SAVD y los fiscales sostienen que hay que avanzar hacia una metodología que permita a defensa controlar el desarrollo de la declaración sin que la víctima sienta que detrás del vidrio está el imputado mirándola.

La Fiscalía propicia la implementación un circuito cerrado de televisión, sistema que se usa habitualmente en los juzgados de familia y que varios protocolos señalan como el más adecuado. Esta modalidad consiste en conectar dos salas distantes, mediante circuito cerrado de televisión, en una sala están la entrevistadora y la víctima, y en otra, retirada, los demás actores del proceso.

El valor de la confesión

Al conocimiento de los jueces de juicio llega ese relato de la víctima, filmado. Sin embargo algunas víctimas deciden participar del debate. Por ejemplo en juicios abreviados para escuchar de boca de su abusador el reconocimiento del abuso. Que diga “si, es verdad, yo lo hice”.

Homicidio de Nahuelpán. Continúa la prisión preventiva

Hace tres meses que ocurrió el hecho y se dispuso la prisión preventiva del imputado. Vencido el plazo se realizó una nueva audiencia en la que la funcionaria Ruth Monge solicitó la continuidad de la medida. El juez José Collabeli, otorgó lo solicitado por un plazo de otros noventa días. El defensor particular, Daniel Sandoval, pidió la revisión. Este viernes los jueces Hernán Dal Verme y Anabel Rodríguez confirmaron la prisión preventiva.

La madrugada del sábado 8 de octubre del año pasado, el imputado estuvo consumiendo cerveza con la dueña de la casa en la que ocurrió el hecho. Aproximadamente a las 0:40 hs. llegó Alfredo E. Nahuelpán e inmediatamente habría habido una discusión, en apariencia iniciada por un comentario del imputado. En ese contexto el acusado aplicó dos puntazos en el glúteo derecho a la víctima. La dueña de casa había salido al patio y al regresar encontró al herido que le pedía ayuda. Avisada la policía, la víctima fue trasladada al hospital, fue intervenida quirúrgicamente, pero no lograron salvarle la vida.

Los jueces explicaron a los familiares de la víctima que la prisión preventiva no es un anticipo de un “criterio de culpabilidad”, es decir que la decisión de los jueces en esta instancia no puede tomarse como un elemento que da mayor garantía sobre una sentencia condenatoria en juicio. Lo que realizan es un juicio de probabilidad. Por los elementos reunidos, consideran que es probable que el imputado sea el autor del crimen y evaluando su conducta en este y otros procesos, concluyen que es probable que procure evadirse o entorpecer la investigación.

Los avances en la investigación aportan más indicios en relación a la probable autoría de Darío Sepúlveda, quién se encontraba cumpliendo la etapa de libertad condicional en relación a una sentencia de responsabilidad previa. En sus antecedentes figura un intento de evasión de una comisaría, lo que por sí solo permite presumir el riesgo de fuga. Los jueces de la revisión tomaron en cuenta que Sepúlveda incumplió con las reglas de la libertad condicional. Más allá del impedimento de cometer nuevos delitos, incumplimiento que no puede adjudicársele hasta que una sentencia firme avale la imputación de la Fiscalía, desoyó la prohibición de consumir bebidas alcohólicas y la de informar a la autoridad competente cualquier situación en la que se vea involucrado. En este caso, el imputado dijo que se fue de la vivienda en la que ocurrió el hecho porque estuvo en riesgo su vida. Aun si esto fuera cierto, también estaría incumpliendo las obligaciones de la libertad condicional.

Además de este riesgo, los magistrados tuvieron en cuenta el peligro de entorpecimiento procesal.

Lesiones graves. Se discutió la pena

El 16 de diciembre, Eduardo Eugenio Gavilondo, fue declarado autor penalmente responsable por el delito de lesiones graves. El hecho data del 22 de agosto de 2015, cuando el imputado se desempeñaba como encargado de una estancia donde ocurrieron los hechos y la víctima como peón. Este jueves se realizó la audiencia de debate por la pena. La Fiscalía pidió que se imponga una condena a dos años y seis meses de prisión en suspenso, en tanto que el defensor particular solicitó la imposición del mínimo, un año.

La decisión del Tribunal conformado por Anabel Rodríguez, José Colabelli y Hernán Dal Verme se conocerá el jueves 12 de enero al mediodía. El imputado volvió a decir que es inocente y el defensor adelantó que presentará un recurso ante la Cámara Penal.

Hace ya diez años que entró en vigencia el Código Procesal Penal actual que fija la separación del debate de materialidad y autoría, del de la pena. Esa separación busca que se dé una discusión específica, en base a un análisis ceñido a determinar el punto de la escala penal disponible en el caso, en que debe detenerse el péndulo entre atenuantes y agravantes.

El Fiscal Fernando Rivarola planteó al Tribunal que ingrese en la escala desde el segmento medio, por entender que el caso en análisis se sitúa en esa franja al compararlo con otros hechos del mismo tipo en la circunscripción. Luego siguió en su análisis las pautas que ofrece la ley para mensurar (establecer la medida justa de) la pena. Consideró que el hecho no produjo daños de mayor consideración, sin embargo resaltó que se trató de una reacción inesperada en el marco de una discusión. También tuvo en cuenta que se trata de un hecho extraordinario en la vida de Gavilondo, ya que no tiene antecedentes penales y no había pasado por una situación así, nunca antes.

Cómo agravante, Rivarola planteó que justamente por su estilo de vida, educación, formación, tipo de empleo, experiencia y edad, el imputado debió realizar un importante esfuerzo para apartarse de la norma e infringir la ley. Por estas consideraciones, requirió del Tribunal la condena de dos años y medio de prisión de ejecución condicional.

Julián Ripa estuvo de acuerdo en entrar al análisis de la pena por el punto medio de la escala. Sin embargo mostró su desacuerdo con la Fiscalía respecto de los agravantes. A criterio del defensor, el caso solo presenta atenuantes y los magistrados no deberían depararse del mínimo, un año de prisión. 

Homicidio de Barría. La Cámara confirmó la sentencia de responsabilidad, pero no la pena

Diego Omar Ibañez fue declarado autor penalmente responsable del homicidio de Benjamín Barría y condenado a cumplir la pena de 14 años de prisión. El defensor Marcos Ponce presentó un recurso atacando la sentencia y la Cámara Penal, luego de analizar los agravios y la sentencia de primera instancia, confirmó parcialmente la decisión del Tribunal de Juicio. Los camaristas destacaron que la sentencia fue completa, exhaustiva y minuciosa. A la hora de revisar la metodología de análisis de agravantes y atenuantes empleada para determinar la pena a imponer, los votos se dividieron y la mayoría resolvió reenviando esta cuestión, para que se produzca un debate ante un nuevo tribunal.

La tarde del lunes 3 de agosto de 2015, Benjamín Barría fue hallado sin vida dentro de su humilde vivienda por un vecino. El martes siguiente, a partir de la autopsia se conocieron las heridas que provocaron el deceso. También estableció que la muerte habría ocurrido, aproximadamente, tres días antes del hallazgo. La investigación logró identificar a uno de los autores, Diego Omar Ibáñez, que resultó declarado coautor del crimen por el tribunal de juicio conformado por Martín Zacchino, Ricardo Rolón y Hernán Dal Verme.

Sobre estos aspectos Carina Estefanía concluyó que no se advierte que el Tribunal haya realizado una valoración arbitraria de la prueba ni haya valorado prueba inexistente. Por el contrario, ha construido cada uno de los indicios a partir de la prueba cargosa, sopesando la prueba de descargo ofrecida por la defensa, mediante la cual dicha parte no pudo siquiera debilitar individualmente cada uno de los indicios ni sentar la duda de la autoría de su defendido.

A su turno Nelly García consideró que la prueba indiciaria fue correctamente valorada en su conjunto y que no se trata de una justificación aparente, puede que en forma aislada estos indicios no sean suficientes; pero hay dos muy fuertes que lo relacionan con el hecho, la ropa quemada en el lavarropas y la mancha de sangre en la campera.

Alejandro De Franco destacó la calidad de la sentencia, "debo decir en este punto, obligado por la circunstancia de pertenecer a otra Circunscripción Judicial, que ha llegado a mis manos una sentencia completa, exhaustiva, rica en citas ajustadas al caso traído a conocimiento y, sobre todo, una resolución en la que se advierte denodado esfuerzo en interpretar la prueba, desterrar prolijamente todos y cada uno de los planteos defensivos y producto de una amplia deliberación en la que ningún cabo se ha dejado sin atar. Esto, que no es moneda corriente, es digno de ser destacado".

Sin embargo surgieron diferencias al momento de considerar el método empleado por los jueces de primera instancia para fijar la pena, la disparidad de criterios y el resultado común, quedando a criterio de la mayoría de los camaristas, poco clara la ponderación de agravantes y atenuantes. Mientras que Nelly García propuso la confirmación de la sentencia en todas sus partes, los Dres. Estefanía y De Franco dictaron la nulidad parcial.

Por todo ello la Excma. Cámara en lo Penal de Esquel, por mayoría,

FALLA:

1) Rechazar parcialmente el recurso ordinario interpuesto por la Defensa del imputado.

2) Confirmar parcialmente la sentencia de fecha 1 de noviembre de 2016, Nro. 1960-2016 dictada por el Tribunal Colegiado integrado por los Dres. Martín Zacchino, Ricardo Raúl Rolón y Hernán Dal Verme, en cuanto declara la responsabilidad penal de Diego Omar Ibañez por el delito de Homicidio Simple en calidad de Coautor, (art. 79, 40,41, 45 del Código Penal), con costas, por el hecho ocurrido en Esquel entre las últimas horas del 31 de julio de 2015 y las 4.00 horas del 1 de agosto de 2015, en perjuicio de Benjamín Barría.

3) Declarar la nulidad parcial de la sentencia en lo que respecta a la determinación de la pena aplicar y ordenar la remisión de los presentes actuados para que un Tribunal Colegiado, integrado con jueces diferentes a los que han intervenido, realice una nueva audiencia de cesura y dicte una nueva pena.

La Cámara confirmó una condena por abuso sexual simple

Se trata de uno de los tipos delictivos más difíciles de probar. En este, como en la mayoría de los casos, la denuncia se realizó tiempo después, a veces luego de años. No existe material biológico analizable, ni secuelas físicas. El abuso sexual simple implica solo tocamientos en zonas erógenas. Recientemente la Cámara Penal conformada por Carina Paola Estefanía, Nelly García y Omar Florencio Minatta, confirmó la sentencia condenatoria dictada por el juez Martín O’ Connor, condenando al tío de la víctima a una pena de dos años y ocho meses de prisión.

La información que compartimos en este artículo procura respetar los derechos de la víctima, fundamentalmente su derecho a la intimidad. Develar cualquier dato que permita su individualización, implicaría una victimización secundaria y un claro incumplimiento de la normativa dictada para preservarla. En el caso, esos datos incluyen la identidad del autor por pertenecer a su grupo familiar más cercano.

La sentencia del juez penal Martín O’ Connor, llegó a conocimiento de la Cámara Penal por recurso del defensor Marcos Ponce. María Bottini, defendió los argumentos del magistrado de primera instancia, en representación de la Fiscalía y de los intereses de la víctima.

La decisión de los jueces fue unánime. El primero de los votos estuvo a cargo de Estefanía, la magistrada tuvo en cuenta que varias circunstancias operan en contra de la investigación, en virtud de que en la mayoría de los casos – como este- la denuncia se realiza tiempo después a la ocurrencia de los hechos, no existe material biológico analizable, ni tampoco secuelas físicas, pues se trata de simples tocamientos en zonas erógenas con las manos o con el pene que no dejan marcas que permanezcan con el tiempo. Sin embargo, ello no puede constituir, prima facie, un obstáculo insalvable que impida una condena, pues de ser así, tal como lo sostiene la fiscal general María Bottini, se debería eliminar este tipo de delitos o de lo contrario serían delitos que siempre quedarían impunes.

La Cámara consideró que el juez efectuó un análisis confrontativo y comparativo de la versión de la niña con la información aportada por los testigos, familiares, pericia e informes psicológicos, informes médicos, objetos secuestrados y comprobación de elementos mencionados por la víctima en el allanamiento del domicilio y otros lugares señalados en los que habrían ocurrido los abusos.

Ponce planteó entre sus agravios, que los hechos no habían quedado establecidos con la precisión suficiente para ejercer debidamente el derecho de defensa. Este cuestionamiento fue rechazado. También cuestionó la forma en que fue valorada la prueba por parte del juez, atribuyéndole arbitrariedad. Sobre este punto la Dra. García sostuvo que “el magistrado valoró rigurosamente el testimonio de la niña, su coherencia interna, su compromiso emocional, cuando comienza a hablar de las situaciones de abuso, quiebra en llanto y comparto sus conclusiones. No había ningún conflicto entre las familias. Su coherencia externa, describe momentos, lugares, circunstancias concretas de la vida diaria, diálogos que no se pueden inventar.” En otro tramo de su voto la camarista añade que “el acto sexual es algo que la niña no lo entiende, no lo puede procesar, solo siente que el tío le hace algo que no le gusta y le hace mal… A mi criterio es una sentencia impecable, el magistrado dio razones lógicas y razonables de cada una de sus conclusiones, por lo que este agravio debe ser rechazado”.

Un tamiz muy fino

A su turno, Minatta se refirió a las reglas a observar a la hora de valorar la prueba. Una primera regla manda comprobar si las probanzas que sostienen la acusación, son variadas y concordantes, esto es, que ellas se ensamblen entre sí, completado ello por una segunda regla, más importante aún, de que ninguna de ellas pueda ser dejada de lado porque existe, al menos, la probabilidad de que las cosas sean de distinto modo, lo que se conoce como refutación. Esto último quiere decir que basta con que la defensa refute una sola de ellas con probabilidad – con certeza- para que la acusación caiga y se absuelva.

La tercera regla a que se refirió sostiene que en caso de que ninguna de las versiones puedan ser refutadas, el juez deberá elegir y, para ello, deberá siempre inclinarse por la postura defensista, por el mandato constitucional que establece el principio “in dubio pro reo”, derivado del estado de inocencia que exige certeza para su destrucción.

Pese a las dificultades probatorias que mencionamos en este tipo de hechos, Minatta concluyó su exigente estudio indicando que en el caso concreto se cumple con creces con la primera regla, existen varios hechos ciertos, que fueron verificados por prueba directa y ensamblados por las reglas señaladas que conforman lo que se llama al sana crítica y que llevan a sostener que la versión acusatoria es certera… La sentencia deberá confirmarse en un todo, no solo respecto de la autoría, sino también en cuanto a la calificación legal y pena impuesta, en su modalidad y monto, puesto que no fue discutido por la defensa, ni aparece a todas luces desproporcionada con el injusto y culpabilidad del autor. 

Tentativa de homicidio

El sábado a las 6:20 hs. un joven resultó herido en el pecho, aparentemente por un disparo efectuado con una "tumbera". El presunto autor fue aprehendido y llevado a audiencia el lunes a la mañana. La Fiscalía informó el hecho por el que se lo investiga y pidió el dictado de prisión preventiva por treinta días. La Defensa se opuso a la medida, y el Juez resolvió dictando un arresto domiciliario por el plazo solicitado. Si incumple, se revocará la domiciliaria y deberá cumplir en comisaría.

La calle Belgrano entre Rivadavia y San Martín, es la zona en la que ocurrieron los sucesos que se investigan. Según la descripción dada por la funcionaria María Elena Cimadevilla, el imputado habría disparado con una tumbera a la víctima, a escasos metros, apuntando directamente al pecho. El joven fue inmediatamente asistido y trasladado al Hospital Zonal Esquel.

Las tumberas son armas de fabricación casera y por lo tanto absolutamente ilegales. La ley las equipara a las armas de guerra. La situación de riesgo general que produjo el imputado, su decisión de disparar, la portación de un arma de tales características y su actitud posterior al hecho, fueron ponderadas por la Fiscalía como indicativos de que podría obstaculizar el proceso. Cimadevilla hizo mención a la presencia de varios testigos en el lugar, los que podrían ser influenciados por el imputado.

La representante de la Fiscalía solicitó que se imponga la prisión preventiva por un plazo de treinta días para posibilitar la investigación.

Por la Defensa Pública intervino Bruno Deias. El defensor no discutió circunstancias de tiempo y lugar, pero sí el modo en que la víctima resultó herida. Rechazó la imputación, indicando que no hay elementos suficientes para sostener que su defendido sea el autor del disparo, ni que el caño encontrado, fuera un arma tumbera, menos aun que sea la empleada en el hecho que se investiga. Indicó que la medida solicitada es excesiva en relación a los hechos y también lo es el plazo por el que fue requerida.

Finalmente el defensor explicó al juez que su defendido es familiar directo de un joven asesinado y que el autor de ese crimen se encuentra encarcelado, también lo están los hermanos de este y algunos amigos. "Ir a una comisaría pondría en riesgo la integridad física del imputado", precisó.

El juez Ricardo Rolón interpretó que hay elementos suficientes para acreditar la autoría del imputado, según lo requerido a esta altura del proceso. Se refirió a la expectativa de pena y el peligro de entorpecimiento procesal, además de la conducta que se le atribuye al imputado. Con estas y otras consideraciones, dispuso la prisión preventiva domiciliaria y la prohibición de contacto por cualquier medio con testigos del hecho.