La investigación criminal. Reunión de Fiscales con Criminalística

La Criminalística tiene un rol trascendental para las investigaciones que tramitan en la Justicia Penal. Este miércoles se realizó una reunión entre el Jefe Provincial, Claudio Fernández, los profesionales que se desempeñan en Esquel y los Fiscales. Se busca reforzar el trabajo en equipo.

Esta reunión está enmarcada en la disposición de la Instrucción 03/16 de la Procuración General. El objetivo es monitorear el trabajo entre las Instituciones y realizar los ajustes necesarios para mejorarlo. La Criminalística es la ciencia que hace hablar a los “testigos silenciosos” de la escena del hecho, releva, perita, documenta las evidencias que dan cuenta de la dinámica de la acción e incluso de sus partícipes. Para hacerlo necesita del trabajo profesional de todos los operadores que intervienen y del cumplimiento acabado de los protocolos. A su vez la Fiscalía necesita los resultados de la intervención de estos profesionales para reconstruir el hecho investigado y probarlo ante el Tribunal.

De la reunión participaron la Fiscal Jefe María Bottini, los Fiscales Fidel González, Fernanda Révori y Marcelo Cretton, el Jefe Provincial de Criminalística Claudio Fernández y los Licenciados Damián Leyes y Celira Cozzoli.

Cuando el uso del derecho se convierte en abuso

Este fue el punto en discusión en una audiencia desarrollada el martes por la mañana en los Tribunales de Esquel. Esta vez la Fiscalía no planteó el incumplimiento por parte del imputado, sino el modo en que este forzaba los límites de la prohibición de acercarse a menos de 50 mts. de la casa de la denunciante. El juez escuchó a la víctima y al imputado y resolvió modificando su disposición anterior por considerar que el sujeto estaba “caminando por la cornisa” y afectando psicológicamente a la víctima.

Todo se inició con una denuncia por violencia familiar. En ese marco a pedido de la Fiscalía, el juez Martín O’ Connor dispuso la exclusión del hogar y prohibición de acercamiento del denunciado hacia la denunciante. Inicialmente la medida se impuso por una distancia de 200 mts. Esta distancia fue recortada a 50 mts. en una resolución posterior por entender que el imputado necesitaba asistir a establecimientos que se sitúan en ese rango de distancia.

La situación que se planteó ahora es que, según sostiene la víctima, el imputado pasaría mucho tiempo instalado en la esquina de su casa, tomando mate. A exactos 50 mts. de la vivienda. La mujer relató cómo se siente, el temor que esto le produce y como se ve obligada a recluirse en la casa para no cruzarse con él.

Por su parte el imputado planteó la crítica situación en la que vive, diciendo que está en “situación de calle”. Negó las afirmaciones de la víctima, habló de las necesidades por las que pasa desde que fue excluido de ese hogar, entre otros datos que procuraron mostrar al juez su situación de necesidad aparentemente extrema.

A la hora de resolver el magistrado aclaró que no es de su competencia atender las dificultades que planteó el imputado, sino que para ello están las áreas sociales municipales y de la Defensa. Sin embargo indicó que si el imputado tiene pertenencias personales que le quedaron en la vivienda al ser excluido, puede hacer el planteo concreto y se le autorizará a ir a retirarlas acompañado por personal policial. Pero estas carencias no pueden utilizarse como excusa para incumplir con lo que ahora estableció el juez. El hombre rechazó esta posibilidad y sostuvo que se arregla con lo que tiene.

Al resolver sobre el juez le explicó que “lo que se discute no es que usted ha incumplido la orden judicial… se denunció que usted, fuera de los 50 mts., permanece en la esquina por un tiempo prolongado o pasa en varias oportunidades por esa esquina”. Siguiendo su explicación indicó que “se está hablando de una situación análoga al abuso del derecho: no incumple pero está atravesando por la frontera de ese incumplimiento, está forzando la situación, caminando por la cornisa”, graficó.

O' Connor señaló que no puede tolerarse la situación ya que las medidas de protección procuran brindar la condiciones para que la damnificada pueda recuperarse desde el punto de vista físico, psíquico y social. Hoy la veo a la presunta víctima del caso afectada psicológicamente y esta afectación es por esta actitud".

Hizo lugar al pedido de la funcionaria de Fiscalía Julia Mateos y volvió a extender a 200 mts. la prohibición de acercamiento. "Porque de lo contrario usted se podría quedar horas y horas en esa esquina tomando mate y la señora sería como una presa en su propia casa y eso yo no lo voy a permitir". La medida permite como excepción que el imputado asista al Hospital únicamente en situaciones de urgencia, las que deberán ser certificadas como tales y presentadas a la Comisaría.

Además, el magistrado dispuso rondines varias veces por día para verificar que no está incumpliendo con la disposición judicial.

Violencia doméstica

La violencia familiar o doméstica fue definida por la ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres. Indica que este tipo de violencia es aquella ejercida contra las mujeres por un integrante del grupo familiar, independientemente del espacio físico donde ésta ocurra, que dañe la dignidad, el bienestar, la integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, la libertad, comprendiendo la libertad reproductiva y el derecho al pleno desarrollo de las mujeres. Se entiende por grupo familiar el originado en el parentesco sea por consanguinidad o por afinidad, el matrimonio, las uniones de hecho y las parejas o noviazgos. Incluye las relaciones vigentes o finalizadas, no siendo requisito la convivencia.

La norma establece taxativamente las medidas de las que puede valerse el juez para garantizar la protección de la mujer víctima, en tanto medias preventivas urgentes, indicando que debe disponer la más adecuada para el tipo de violencia y por el plazo que resulte necesario, fundamentando la debidamente esta decisión. Entre otras establece la prohibición de acercamiento a la mujer y a los lugares que ella frecuenta habitualmente, prohibir al agresor la compra o tenencia de armas, ordenar medidas de seguridad en el domicilio de la mujer, ordenar la exclusión del hogar del agresor, etc.

Homicidio en El Hoyo

Esta mañana fue hallado sin vida César Ivan Riffo en una chacra distante aproximadamente a un kilómetro del casco urbano de El Hoyo. Trabajan en el lugar el fiscal, el Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito y la Brigada de investigaciones. Se trataría de una muerte violenta, aparentemente por al menos tres disparos de arma de fuego. Sin embargo esta información recién podrá corroborarse con la intervención forense. Esta tarde se trasladará el cuerpo a la morgue de Esquel, en tanto que el miércoles por la mañana se practicará la autopsia.

Delitos cibernéticos

Recientemente tomó estado público una de las investigaciones que lleva adelante la Fiscalía por presuntos delitos cometidos a través de la tecnología. Exhibición de pornografía a menores de edad, grooming, corrupción de menores, son algunos de los tipos penales bajo la lupa. La tecnología ofrece nuevos recursos para viejos delitos, exige utilizar otras estrategias para su detección y sanción, y, fundamentalmente, requiere de mayor conocimiento por parte de los niños y de los adultos responsables para prevenirlos.

Recientemente se llevaron a cabo allanamientos por contar con datos que indicarían, al menos la facilitación de pornografía por parte de un adulto a niños de entre 10 y 12 años. Esta conducta está prevista como delito por el Código Penal de la Nación. No se descarta que de las pericias del material secuestrado pudiera variar la hipótesis de los investigadores y dirigir la investigación hacia otras figuras penales.

En este caso el alerta llevó a través de la familia de algunos niños. El rol de los adultos de referencia es central, aunque hay investigaciones que se inician por otras vías. Recientemente la Procuración General dio intervención a Oficinas Fiscales de la provincia, entre ellas la de Esquel, respecto de un alerta generado por una ONG internacional que detectó la circulación de pornografía infantil. Este dato puso en marcha una investigación que implicó el secuestro de material sobre el que también se realizan pericias en estos momentos. El ciberacoso no solo recae sobre niños, también los adultos resultan vulnerables.

Grooming

La ONG Argentina Cibersegura define al Grooming o ciberhostigamiento como acciones deliberadamente emprendidas por un adulto con el objetivo de ganarse la amistad de un menor de edad, con el fin de disminuir las inhibiciones del niño e influirlo para que realice acciones de índole sexual.

Según los datos arrojados por una encuesta realizada por el equipo de investigación de ESET Latinoamérica, para el 68,3% de los adultos consultados, el Grooming es una amenaza muy frecuente. A su vez, el 26,3% confirmó conocer un niño que ha sido víctima de Grooming

Cómo podemos proteger a nuestros niños

La ONG National Center For Missing and Exploited Children, ofrece información muy clara y útil para saber a qué prestart atención y qué hacer en caso de sospecha.

Para ayudar a proteger a los niños de los predadores sexuales en línea, es importante que los padres y tutores entiendan cómo las vulnerabilidades de los niños los hacen susceptibles a ser manipulados por estos predadores.

Curiosidad

Los niños son naturalmente curiosos sobre el sexo. Actuando como guías, los predadores pueden explotar esta curiosidad y atraer gradualmente a los niños a una actividad sexual. Los adolescentes que cuestionan su sexualidad se exponen a un riesgo mayor, ya que pueden ingresar en línea intentando buscar apoyo y compañía. En cambio, podrían encontrar adultos buscando sacar provecho de esta vulnerabilidad.

Necesidad de atención

Aun cuando reciben atención total por parte de sus familias, los niños reclaman atención de otras personas, particularmente, de aquellos que perciben como más grandes y maduros. Los predadores pueden ofrecer afecto y halagos a los niños con el fin de presionarlos para realizar actos sexuales.

Rebeldía

Los niños pueden volverse rebeldes a medida que llegan a la adolescencia, y los predadores pueden aprovecharse de esta situación. Es posible que un niño que es victimizado desobedeciendo las normas establecidas por sus padres no quiera admitirlo por miedo a ser castigado.

Respeto hacia los adultos

Debido a que lo niños aprenden a obedecer y respetar a los adultos, pueden tener menos probabilidades de desobedecer indicaciones dadas por un adulto, incluso aquellas que los hacen sentir incómodos. Un adulto que busca hacerle daño a un niño puede aprovecharse de esto para influenciar la conducta del menor.

Qué podemos hacer

Mucha gente supone que los niños que corren riesgo de ser víctimas son aquellos descuidados por sus hogares o que provienen de familias disfuncionales. Sin embargo, todos los niños, incluso aquellos provenientes de familias que les brindan apoyo, pueden correr el riesgo de ser victimizados. Aliente a su hijo a que acuda a usted inmediatamente si alguien lo hace sentir incómodo en línea o si intenta encontrarse con él personalmente.

Señales que indican que es posible que un predador en línea esté en contacto con su hijo

·         Su hijo comienza a retraerse y aislarse de su familia y amigos.

·         Encuentra material inapropiado en la computadora.

·         Su hijo recibe correspondencia, dinero o regalos de desconocidos.

·         Observa números de teléfonos desconocidos al revisar la factura.

·         Qué hacer si su hijo es victimizado

·         Tenga en claro que la victimización no es culpa de su hijo/a.

·         Guarde toda evidencia de victimización, tales como correos electrónicos o conversaciones por medio de mensajes instantáneos.

·         Comuníquese con la policía o con la Fiscalía.

Hostigamiento cibernético

El hostigamiento cibernético es exactamente lo que parece: hostigamiento a través de aplicaciones y tecnologías de Internet, tales como mensajes instantáneos, sitios de redes sociales y teléfonos celulares. Puede comenzar fácilmente con un rumor, una foto o un mensaje reenviado, y puede salirse fácilmente de control. Un video vergonzoso publicado la noche anterior en un sitio de redes sociales por alguien en Kansas puede ser visto por alguien en Japón al día siguiente. Las víctimas de hostigamiento cibernético pueden ser atacadas en cualquier lugar y momento.

Formas comunes de hostigamiento cibernético

·         Insultos y mensajes provocadores: enviar o publicar mensajes hostiles con la intención de "caldear" los ánimos de otras personas.

·         Happy-Slapping: grabar a alguien mientras es acosado o hostigado de una manera que generalmente incluye maltrato físico y después publicar el video en línea para hacerlo público.

·         Robo de identidad/suplantación: robar la contraseña o la cuenta en línea de alguien para enviar o publicar fotografías, videos o información incriminatoria o humillante.

·         Manipulación de fotografías digitales: alterar imágenes digitales, de modo que el sujeto principal se vea en una situación comprometedora o vergonzosa.

·         Amenazas físicas: enviar mensajes que incluyan amenazas a la integridad física de una persona.

·         Esparcir rumores: difundir chismes mediante correos electrónicos, mensajes de texto o sitios de redes sociales.

Señales de que su hijo puede ser víctima de hostigamiento cibernético

·         Su hijo evita la computadora, el teléfono celular y otros dispositivos tecnológicos, o parece estresado cuando recibe un correo electrónico, un mensaje instantáneo o uno de texto.

·         Su hijo se aparta de la familia y sus amigos, o no quiere asistir a la escuela ni a eventos sociales.

·         Su hijo evita las conversaciones sobre el uso de la computadora.

·         Su hijo muestra señales de baja autoestima, incluyendo depresión y/o miedo.

·         Sus calificaciones empeoran.

·         Tiene hábitos deficientes de alimentación o de sueño.

Consejos

·         Dígale a su hijo que no conteste correos electrónicos, mensajes ni comentarios groseros.

·         Guarde la evidencia, como correos electrónicos y mensajes de texto, y tome capturas de la pantalla de los comentarios e imágenes. Además, tome nota de la fecha y la hora en que ocurre el acoso.

·         Póngase en contacto con su proveedor de servicio de Internet (Internet Service Provider, ISP) o su proveedor de telefonía celular. Pídale al administrador del sitio web o al proveedor de servicio de Internet que retire las páginas web creadas para lastimar a su hijo.

·         Si el acoso ocurre a través de correos electrónicos, sitios de redes sociales, mensajes instantáneos y salas de chat, enséñele a su hijo a "bloquear" a los hostigadores cibernéticos o borre la cuenta actual de su hijo y abra una nueva.

·         Si el acoso ocurre a través de mensajes de texto y de teléfono, cambie el número de teléfono e indíquele a su hijo que comparta el nuevo número solamente con personas dignas de confianza. También, verifique si las funciones del teléfono le permiten bloquear el número.

·         Involucre a la escuela a la que asiste su hijo. Conozca la política de la escuela sobre el hostigamiento cibernético e insista para que los administradores tomen una postura en contra de todas las formas de intimidación.

·         Realice una denuncia

Una mancha más al tigre

Esta mañana se formalizó en los Tribunales de Esquel, una nueva investigación que se suma a los cerca de 70 hechos de estafa por los que es investigado un hombre oriundo de Paso de Indios y que actualmente cumple arresto domiciliario en Trelew. La “causa madre”, como él mismo la denominó, es llevada por la Oficina Fiscal de Comodoro Rivadavia bajo la calificación jurídica de asociación ilícita. Él es investigado como jefe de la banda.

Según la imputación el 9 de diciembre de 2014 Julio Airolde Rolon, suscribió un boleto de compra y venta automotor con un vecino de Esquel, por un automóvil marca “Chevrolet” modelo “Classic 4 LT” a sabiendas que tenía una prohibición de no circular solicitada por el titular del automotor porque los cheques con los que le pagó el Sr. Julio Rolon serían robados. 

Rolón participó de la audiencia por sistema de video conferencia desde la Oficina Judicial de Trelew. Este legajo será remitido a Comodoro para unificarlo con los demás hechos similares. Esta semana David Marengo reconoció su participación en la asociación ilícita y fue condenado en juicio abreviado. En total son ocho las personas imputadas como miembros de la agrupación.

El área de Comunicación Institucional de la ciudad del petróleo informó sobre la audiencia. En ella la fiscal Camila Banfi describió los hechos indicando que los ocho imputados, tomaron parte en una banda que desde febrero de 2012 hasta junio de 2015 se dedicaron a cometer ilícitos contra la propiedad mediante estafas con automotores. Dichos ilícitos se desarrollaron en las localidades de Comodoro, Trelew, Gral. Conesa y Viedma. Hubo acuerdo de voluntades y planificación de los imputados para falsificar y adulterar Instrumentos Públicos, afirmó el fiscal. Solicitando se impute a Julio Rolon la figura de jefe y a los demás integrantes ayudan para obtener los rodados simulando ser empresarios. Calificando provisoriamente el hecho como “asociación ilícita”, en carácter de autores para los ocho y respecto a Julio Rolon como jefe.

Homicidio de Balbino Augusto Mansilla

El hecho ocurrió el 2 de agosto de 2014 en Lago Puelo. La investigación contó con la participación de la familia constituida como querellante durante el proceso, tal como lo prevé el Código Procesal Penal. Este mes se realizó el juicio. Un tribunal colegiado debió decidir sobre la responsabilidad penal del imputado Jairo Facundo Fernández. La Defensa pidió su absolución, en tanto que el Fiscal Oscar Oro y la querella representada por el Dr. Hugo Cancino, postularon su responsabilidad con calificaciones jurídicas distintas. El tribunal dictó sentencia de responsabilidad por el delito de homicidio simple agravado por la participación de un menor de edad. El 5 de mayo a las 9 hs. se realizará la audiencia de debate por la pena.

El suceso violento que dejó como saldo la muerte de Mansilla, se presentó confuso en un comienzo por el contexto en el que se produjo. Esa confusión se fue disipando en la medida en que la prueba permitió establecer cierta mecánica de los sucesos.

Las teorías del caso

Sintetizando las postulaciones de las partes la sentencia indica que el Fiscal General, Dr. Oscar Oro, consideró probado un caso de Homicidio en riña, sosteniendo que el acusado era parte del grupo que acometió a la víctima, desconociendo quién infirió la lesión mortal, y que por lo tanto, debía declarárselo responsable de dicho ilícito. Por su parte, la querellante, representada por el Dr. Hugo Cancino, instó la declaración de responsabilidad del imputado en orden al delito de Homicidio simple en grado de coautor. Para ello, sostuvo que el aporte efectuado por Jairo Fernández en el hecho da cuenta de actos que lo vinculan directamente a la realización del tipo objetivo del delito en análisis. La Dra. Valeria Ponce, defensora del acusado, instó su absolución aduciendo lo contrario, que no fue posible acreditar algún aporte concreto, por parte de su pupilo, en el hecho puntual de la muerte de quién fuera en vida, Balbino Augusto Mansilla.

El hecho

El hecho ocurrió el 2 de agosto de 2014, aproximadamente a las 2:40 hs. en el interior de un bar-pool de Lago Puelo. “Se trata de eventos violentos, dinámicos, traumáticos, que se desarrollan en breves instantes y en el que los “testigos” han tenido cierto grado de protagonismo que los involucra personalmente en el devenir de los sucesos, además de haber ingerido alcohol”, describió uno de los jueces.

La víctima y un amigo estaban bebiendo cerveza en el local cuando ingresaron cuatro sujetos, entre los que estaba el imputado. Luego de jugar algunas partidas, Fernandez junto a otras dos menores de edad, salió del local, aparentemente a tomar una cerveza afuera. Previo a esta salida se habría producido una situación ríspida con la víctima. Cuando estos estaban afuera, Mansilla le dijo en voz alta al cuarto que había entrado con ellos y aún permanecía en el local, que no se junte con los Fernández porque eran mala compañía. Los tres volvieron a entrar. Ahora estaban armados con cuchillos y se dirigieron directamente a la víctima y a su acompañante.

Para los magistrados, lo probado, así como lo señala la descripción del hecho llevada por la acusación, es que Jairo Fernández actuó con conocimiento y decisión de atacar a Mansilla, y que su conducta abarcaba la posibilidad concreta de terminar con la vida de la víctima.

Si bien son tres los que ingresaron en el local participando de esta conducta agresiva, se acreditó que uno se dirigió al acompañante de Mansilla, en tanto que Fernández y el otro menor de edad, lo acometieron a él.

Los jueces Hernán Dal Verme, Martín Zacchino y José Colabelli, interpretaron que del ataque a Mansilla participaron dos personas y esta participación, por sus características, configura una coautoría. No hubo pelea, por lo tanto no hubo homicidio en riña.

Probado que al menos una de las dos puñaladas letales recibidas por la víctima, fue producida por el imputado, la sentencia lo declaró coautor material y penalmente responsable del delito de homicidio simple agravado por la participación de un menor de edad. El 5 de mayo se realizará el debate por la pena.

Lesiones graves agravadas por el vínculo

Roberto Garsés reconoció haber sido el autor de graves lesiones proferidas con un cuchillo a su pareja. El reconocimiento evitó la realización del juicio y el imputado resultó condenado a seis años de prisión de cumplimiento efectivo. La mujer participó de la audiencia y manifestó su conformidad con la sentencia.

El hecho que ocurrió en marzo de 2015 en El Maitén, fue investigado por la Oficina Fiscal de El Hoyo. Previo a la realización del debate, el fiscal Oscar Oro y la Defensora Valeria Ponce arribaron a un acuerdo de juicio abreviado. El acuerdo consistió en el reconocimiento de la autoría del hecho por el imputado y su aceptación de la pena.

Según la información reunida, el imputado no cuenta con antecedentes penales, pero además no habría registro de situaciones de violencia de género, previas a este hecho.

Garsés fue declarado penalmente responsable del delito de lesiones graves agravadas por la relación de pareja que tenía con la víctima. La agresión consistió en varias puñaladas proferidas con un cuchillo, una de ellas, la más grave, en el cuello. La mujer logró escapar de la vivienda y recibir inmediata asistencia médica.

El Código Penal prevé una pena de 3 a 10 años de prisión. El reconocimiento voluntario del imputado, aceptando una sentencia condenatoria que quedará firme, llevó a fijar el monto que deberá cumplir en 6 años.

Presunta defraudación a la Administración Pública. Se suspenden los plazos procesales

La investigación da cuenta de presuntas irregularidades en la venta de tierras fiscales en la localidad de Corcovado. En la audiencia preliminar, el juez sobreseyó a tres imputados en tanto que dictó la apertura de juicio respecto de otros siete. La semana próxima iba a celebrarse el juicio pero la Fiscalía solicitó que se suspenda el debate y también los plazos procesales hasta que el Superior Tribunal de Justicia resuelva el recurso extraordinario presentado atacando los sobreseimientos.

El jueves se realizó una audiencia en la que la Fiscalía realizó dos planteos: que se suspenda el debate y que se suspendan los plazos procesales para evitar el vencimiento del plazo ordinario, hasta que se defina cuál es la situación procesal de las tres personas que fueron sobreseídas por el juez penal, decisión que está siendo revisada por el Superior Tribunal de Justicia.

Cuando se conocieron los sobreseimientos, la Fiscal ofreció como testigos a los tres imputados beneficiados con la resolución, para contar con su testimonio en caso de que esta resolución quedase firme. En paralelo presentó un recurso extraordinario ante el Superior Tribunal de Justicia, atacando la decisión del juez.

El tiempo pasó, se fijó la fecha del debate oral y público, pero el Superior Tribunal aún no se expidió sobre el recurso. Recién la semana pasada se realizó en Rawson la audiencia respectiva, pero resta aun que los planteos sean analizados por los altos magistrados y den a conocer la sentencia respectiva. Para esto no hay plazos precisos.

Las Defensas plantearon que el plazo se suspende en relación a unos imputados pero continúa en relación a otros. Indicaron que se trata de dos procesos distintos, estuvieron de acuerdo con la suspensión del debate, pero no con la suspensión de los plazos procesales. El planteo defensista fue que convocar como testigos a los imputados sobreseídos fue una decisión estratégica de la Fiscalía y ahora deberá tomar una nueva decisión, llamarlos a declarar, desistirlos o esperar a que decida el Superior Tribunal.

La espera de la decisión el Superior Tribunal de Justicia, sin suspensión de plazos, resultaría letal para el proceso, porque podría consumir el tiempo que resta para que se cumplan tres años del inicio de la investigación. Este fue uno de los elementos considerados por el juez Martín O’ Connor para decidir en este contradictorio.

El magistrado entendió que se trata de dos procesos distintos. Uno el que se lleva a cabo en el STJ y otro el que va ahora a juicio. Se están discutiendo dos cuestiones diferentes. Contrastando las postulaciones de la Fiscalía y de la Defensa, decidió optar por la más favorable a la vida del proceso.

O’ Connor razonó que no es sensato pedirle a la Fiscalía que prescinda de prueba relevante o que no suspenda los plazos y con ello hacer que esta causa caiga por el vencimiento del plazo razonable. “Tiene que tener una tercera vía que es la que propuso la fiscalía”.

En esta línea de razonamiento el juez entendió que debe resolverse la situación de los tres imputados sobreseídos por el juez de la audiencia preliminar, antes del debate. De otro modo se darían situaciones paradojales a las que el juez debe prestar atención, indicó. Finalmente el magistrado suspendió el debate y también los plazos procesales del caso, hasta tanto el STJ resuelva el recurso extraordinario.

El caso

El legajo se refiere a tres hechos ocurridos en Corcovado, el primero de ellos entre el 24 de noviembre y el 07 de diciembre de 2011, en circunstancias en que, los Concejales Héctor Jorge Bustos, Gladys Raquel Austin, Jorge Alberto Pereyra, Alejandra Cecilia Ocampo, Irma Díaz y María Roxana Novella, por entonces Concejales de la localidad, infringiendo las disposiciones que sobre la tierra fiscal establece la Ley XVI N° 46 y la Ordenanza N° 571/08 y sus modificatorias y sin perjuicio de haber resuelto en septiembre de ese mismo año la suspensión de venta de terrenos hasta la finalización del período electivo, aprobaron la Ordenanza N° 742/11y N° 751/11 por la que autorizaron primero al Departamento Ejecutivo Municipal, la venta de las parcelas fiscales individualizadas como Circunscripción 1 Sector 1 Fracciones 51 y 52 del ejido de Corcovado a la Sra. María Josefa Larrea por la suma total de $ 1.513.177 y 13 días después, autorizaron a la adquirente –María Josefa Larrea-, a ceder, vender o transferir esos derechos a terceros, a sabiendas entre otras cosas que la Sra. Larrea no vivía en la localidad de manera efectiva hacía varios años, no era ocupante de esas tierra, era propietaria de otras propiedades en la localidad, no las adquiría con la finalidad de destinarla a vivienda única familiar, excedía el predio las dimensiones cuya transferencia se permite, se lo hacía por un precio que no se correspondía con los parámetros fijados por la reglamentación de tierras fiscales y por las circunstancias propias de la tierra (dimensión ubicación, etc.) y no se había cancelado el pago.

Hecho 2

Habría ocurrido entre el 25 de noviembre y el 07 de diciembre de 2011, en circunstancias en que Héctor Raúl Diez, en su condición de Intendente de la localidad y administrador de las tierras fiscales ubicadas en su jurisdicción, infringiendo las disposiciones de la Ley XVI N° 46 y la Ordenanza N° 571/08 y sus modificatorias y a sabiendas entre otras cosas que la adquirente no vivía en la localidad de manera efectiva hacía varios años, no era ocupante de esas tierra, era propietaria de otras propiedades en la localidad, no las adquiría con la finalidad de destinarla a vivienda única familiar, excedía de la dimensiones cuya transferencia se permite, se lo hacía por un precio que no se corresponde con los parámetros fijados por la reglamentación de tierras fiscales y por las circunstancias propias de la tierra (dimensión ubicación, etc.), no se había cancelado el pago y se habían suspendido en septiembre de ésa año la autorización de venta de terrenos en la localidad hasta la finalización del período electivo,  promulgó el 25 de noviembre y el 07 de diciembre de 2011 respectivamente las citadas ordenanzas.

Hecho 3

En este caso el hecho se sitúa en Corcovado y en Esquel, entre el 24 de noviembre de 2011 y el 28 de junio de 2012, en circunstancias en que Héctor Raúl Diez y María Roxana Novella, ambos en su carácter de titulares del Departamento Ejecutivo Municipal, el primero hasta el 7 de diciembre de 2011 y la segunda en el período inmediatamente posterior, violando los deberes a su cargo y perjudicando los intereses confiados conforme la Ley N° XVI-46 (Antes Ley N° 3098), procedieron dolosamente y con la participación necesaria de los Concejales  Héctor Jorge Bustos, Gladys Raquel Austin, Jorge Alberto Pereyra, Alejandra Cecilia Ocampo e Irma Díaz, y de tres ciudadanos, a vender las parcelas individualizadas como Circunscripción 1 Sector 1 Fracción 51 y 52 en un total de 232 ha, 70 a, 95 ca del ejido urbano de Corcovado, a sabiendas que tenían a su cargo la administración y custodia de la tierra fiscal de la comunidad, logrando de tal modo y para ellos, un lucro indebido y un perjuicio económico – financiero a  la administración pública municipal. 

Dos años de prisión en suspenso por Abuso Sexual Simple

Es la pena que se impuso a Horacio Daniel Padilla, declarado autor responsable de abuso sexual simple el 14 de marzo de este año. El debate por la pena se realizó la semana pasada, la Fiscalía solicitó la pena de 3 años de prisión y el defensor requirió la mínima de 6 meses. El imputado volvió a proclamarse inocente. Este lunes el juez Ricardo Rolón dio a conocer su sentencia imponiéndole la pena de dos años de prisión en suspenso y las costas del proceso.

La escala penal para el delito de abuso sexual simple va de seis meses a cuatro años de prisión. Para decidir la pena justa en ese margen el magistrado consideró los agravantes y atenuantes planteados por las partes, analizados a la luz de las características del hecho que tuvo por probado en la sentencia de responsabilidad.

El hecho ocurrió en marzo de 2013 cuando la menor víctima tenía 14 años y el imputado 46. La diferencia de edad entre ambos, la edad de la joven y la madurez del imputado, fueron considerados para agravar la pena. El magistrado se refirió a la doble vulnerabilidad por ser menor y mujer. Padilla tenía una relación de amistad con la familia de la joven, esa relación de confianza agravó su responsabilidad ya que la utilizó como “campo propicio para la comisión de sus actos”. Rolón sostuvo que “esa confianza que se le había dispensado, debía generar un deber mayor en el imputado, la víctima quedó indefensa por la sorpresa puesta de manifiesto por el imputado con su accionar aprovechando esa situación de indefensión”.

En el mismo sentido pesó que la intimidara amenazando a sus hermanos, ya que al infundirle miedo logró que el hecho permaneciera oculto por más tiempo. El daño causado a la salud mental de la joven fue otro de los agravantes, así como las características personales del imputado: madurez, formación, estado psicofísico, ubicación socio cultural. En sentido contrario pesó la falta de antecedentes penales.

El juez dedicó varios párrafos al análisis de la finalidad de la pena. “Considero que el fin resocializador, debe guiar la ejecución de la pena privativa de la libertad y no debe confundirse con el fin de la pena”, reflexionó, para luego citar a Marco Antonio Terragni. “La pena es retributiva. Retribuye mal por mal. El delincuente con su accionar puso en peligro o dañó intereses jurídicamente protegidos. El Estado le responde afectando los propios bienes jurídicos del infractor: la libertad, el patrimonio, el ejercicio de ciertos derechos. Esto es así: la realidad lo demuestra”.

Siguiendo al mismo autor afirmó que esto es justo. “Existe un orden jurídico cuya esencia consiste en ser imperativo. Quien no adecue su conducta a los imperativos legales debe sufrir la sanción conminada, sin lo cual no habría derechos. Los mandatos serían simples consejos y no existiría medio de asegurar una convivencia pacífica, lo que constituye justamente la razón de ser del orden jurídico.”

Condena a 6 meses de prisión por participar de una estafa

La sentencia tuvo como base la confesión del imputado, reconociéndose partícipe en la estafa que tuvo por víctima a un comerciante de Río Pico y se consumó desde Mar del Plata. Desde esa ciudad bonaerense participó de la audiencia el imputado a través de un sistema de video conferencia. Él era el titular de la cuenta bancaria en la que el comerciante depositó el dinero para la compra de mercaderías que nunca le fueron enviadas.

 

Todo comenzó con un aviso publicitario, publicado en un diario de circulación provincial. “Vendo mercadería y entregamos en todo el país con camión propio…”. El propietario de un comercio de Río Pico se contactó con el teléfono del anuncio (0223-156810270) y realizó un pedido al anunciante que se presentó como Martín Ponce ó Ponse. El estafador le indicó que depositara $20.000 en la Caja de Ahorros n° 118-002789/0 de la sucursal 118 Monolito del Banco Credicoop, sita en Av. Luro 6580 de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires (CBU n° 1910118955111800278903).

El 9 de abril de 2014, desde la Sucursal Gobernador Costa del Banco del Chubut el damnificado hizo la transferencia. El titular resultó ser  Emanuel Alejandro Fagnani Colonna.  El 11 de abril el vendedor le requirió que le envíe constancia del depósito y luego le confirmaría que un camión había salido con destino a Río Pico con la mercadería adquirida, la que nunca llegó.

 

Fagnani Colona (29 años) no contaba con antecedentes penales. Este miércoles se conoció la sentencia del juez Martín O’ Connor homologando el acuerdo alcanzado por la Fiscalía, representada por la fiscal Fernanda Révori y la Defensa ejercida por la abogada Paola Bagnato. El imputado fue condenado a seis meses de prisión de ejecución condicional en carácter de partícipe necesario del delito de estafa, con costas del proceso.