Homicidio de Sobieraj

FISCALÍA PIDIÓ QUE SE IMPONGA 12 AÑOS DE PRISIÓN, LA DEFENSA 8 AÑOS Y MEDIO

En el debate por la pena la fiscal Fernanda Révori ponderó atenuantes y agravantes y concluyó que la pena más justa a aplicar a Miguel Adrián Aguayo es la de 12 años de prisión. El defensor, Marcos Ponce, entendió que la pena ajustada al caso es la de 8 años y seis meses. El imputado pidió perdón a la familia de la víctima diciendo "fueron las circunstancias, no fue mi intención, es una vida que no se va a recuperar… no hay vuelta atrás… Voy a esperar la sentencia, lo voy a asumir…". El viernes se conocerá la sentencia.

La Fiscal Fernanda Révori pidió que el Tribunal compuesto por Jorge Criado, Martín O' Connor y Ricardo Rolón, que en base al veredicto de culpabilidad, considere las particularidades del hecho que tuvo por reconstruido en el debate y la participación que se acreditó que tuvo Aguayo. Para la fiscal, la gravedad del hecho hace que la pretensión punitiva deba alejarse sensiblemente del mínimo.  Consideró además la naturaleza de la acción indicando que Aguayo agredió a Sobieraj de forma imprevista, sorpresiva, artera, prácticamente por la espalda. Se refirió a la violencia del acometimiento, la multiplicidad de lesiones como indicador de la agresividad del autor. Révori sostuvo que existió un franco aprovechamiento de la situación de indefensión de la víctima por parte del autor. La víctima estaba alcoholizada, desarmada, en evidente estado de vulnerabilidad. "Estaba muy alcoholizado, por ello no pudo registrar la situación de peligro, no se defendió, quedó paralizado por la sorpresa, por la reacción de Aguayo frente a una discusión que aparentemente no revestía mayor importancia", indicó.

La fiscal tomó como agravante el uso de un cuchillo de grandes dimensiones con alto poder ofensivo. También entendió que Aguayo causó un serio peligro para la vida del parroquiano que andaba con Sobieraj esa noche. Este pudo repeler la agresión con una piedra y corriendo por casi dos cuadras. "Si no hubiera estado en condiciones de responder de este modo entendemos que otro hubiera sido el resultado", dijo Révori, añadiendo que los motivos para delinquir deben ser tenidos como agravante. "Frente a esta discusión banal, una respuesta que aparece como desproporcionada, inexplicable, demuestra un modo violento de resolver conflictos con un desprecio absoluto por la vida del otro. No se verificó ninguna situación que permita sostener razonablemente ni siquiera un supuesto de error en Aguayo. No había ningún peligro para el acusado. Aguayo no fue víctima de ningún tipo de agresión", expuso, señalando que el otro parroquiano no intervino en la discusión más que para mediar y frenar al acusado para que no siguiera agrediendo a la víctima.

Otros agravantes planteados fueron la edad de Aguayo y que se trata de una persona instruida, secundario completo de quién es esperable que comprenda el mandato legal. "Paradójicamente había sido designado como colaborador de la seguridad del lugar" como evidencia de que se trata de una persona de la que era esperable mayor templanza y madurez a la hora de resolver este conflicto.

Como atenuantes, Révori mencionó la ausencia de antecedentes penales y la ingesta alcohólica, que si bien actúa como un factor reductor de la autodeterminación, pidió al Tribunal que tenga en cuenta que esta ingesta es voluntaria. Concluyó su análisis solicitando que se aplique la pena de 12 años de prisión.

El defensor Marcos Ponce planteó que la gravedad del daño no puede tenerse en cuenta como agravante porque ya es la condición para la figura del homicidio. Tampoco los medios, ya que recurrió a un cuchillo que era lo que tenía a mano para producir el daño. No se trató de un medio premeditado para cometer un delito.  También resaltó que no existió un peligro genérico que ponga mayor gravedad al hecho, que los producidos.

Requirió al Tribunal que compute la ingesta de alcohol como atenuante y profundizó en la personalidad del imputado, señalando que en la ciudad de Esquel generó vínculos fuertes, de amistad. También se refirió a los vínculos familiares. "Esto determina que las circunstancias para valorar la mayor o menor peligrosidad posterior, nos habla de una peligrosidad casi nula. Junto con ello tenemos dos elementos importantes la voluntariedad de sometimiento al proceso judicial. Aguayo reconoció la comisión del hecho prácticamente como fue enrostrado. Sabe de la comisión del delito, tiene capacidad de comprender la criminalidad del acto, está esperando la imposición de la pena", planteó el Ponce.

También pidió a los jueces que contemplen que existió un desistimiento en cuanto a la continuidad del hecho, "esto no podría determinar la circunstancia de la existencia de dolo -según la valoración de los jueces en su veredicto- pero si hay voluntariedad de interrumpir un hecho que podría haber sido más gravoso". Propuso la imposición de una pena apenas por encima del mínimo, 8 años y seis meses de prisión.

Sobre el final, Aguayo habló a los jueces y a la familia de Sobieraj. "Ustedes son los jueces, van a determinar mi sentencia, la voy a aceptar conforme a lo que sea. Mi culpa fue involuntaria, lo cometí sí. Le pido perdón a la familia, pero fueron las circunstancias no fue mi intención, es una vida que no se va a recuperar, eso lo sabemos todos, no hay vuelta atrás, mil disculpas y voy a esperar la sentencia y lo voy a asumir".

Incendio de Bianca Perfumería: La víctima frente a la resolución judicial

Audio de la Conferencia de Prensa

Incendio de Bianca Perfumería

Después de muchos idas y vueltas judiciales, Ríos accedió a una Probation

El pedido de Suspensión de Juicio a Prueba realizado por el defensor particular fue rechazado por la Fiscalía, por el juez y también en las primeras instancias de revisión. Recientemente la Cámara Penal integrada por Omar Florencio Minatta, Alejandro Gustavo Defranco y Guillermo Alberto Müller, entendió, con el voto en disidencia de Müller, que Claudio Alberto Ríos tiene el derecho de acceder al beneficio de la Suspensión de Juicio a Prueba. Con esa resolución, el juez penal dispuso este jueves las condiciones que deberá cumplir el imputado por los próximos tres años. Si las incumple perderá el beneficio. El damnificado expuso su dolor por el fallo y agradeció al fiscal Fernando Rivarola y a los seis jueces que dieron la razón a la postura acusadora. "Estos jueces fueron tan insensibles con la víctima a tal punto que me invisibilizaron y fueron muy respetuosos de la ley, su interpretación de la ley, hacia el imputado. Recalco, su interpretación de la ley, de estos dos jueces, distinta a la interpretación de la ley que tuvieron seis jueces anteriores", señaló conmovido Luna.

 

La gravedad y las características del hecho motivaron a la Fiscalía a rechazar el pedido de Suspensión de Juicio a Prueba que reclamó insistentemente el defensor Horacio Hernández. Entendieron del mismo modo los distintos jueces que intervinieron en la causa, tanto en relación a Ríos como a Simeoni que terminó condenado a tres años de prisión en suspenso en un juicio abreviado. Sin embargo, el último embate de la defensa encontró eco en dos de los integrantes de la Cámara revisora, Alejandro Defranco y Omar Florencio Minatta.

Con la decisión de la Cámara Penal la Oficina Judicial fijó una nueva audiencia con un juez penal para tratar los términos de la concesión de la probation. El Dr. Martín O' Connor dejó a salvo su opinión contraria a lo resuelto por los camaristas y se ajustó a resolver en concreto sobre lo que ese tribunal dejó en sus manos. El magistrado leyó los primeros puntos de la resolución de la Cámara Penal en los que hizo lugar a la impugnación ordinaria de la Defensa de Claudio Ríos con costas, revocó el rechazo de la suspensión de juicio a prueba e hizo lugar al beneficio.

Luego de la exposición de las partes, el magistrado resolvió otorgar el beneficio por el plazo solicitado por la Fiscalía, el tope de lo previsto por la ley, tres años. Fundó su decisión en que se trata de uno de los delitos más graves que puede derivar en una suspensión de juicio a prueba.  Durante ese plazo, Ríos deberá mantener el mismo domicilio y no lo podrá modificar sin autorización judicial. Se le impuso una prohibición de acercamiento a la víctima, su vivienda y el comercio. Abstenerse de abusar de bebidas alcohólicas y abstenerse de consumir estupefacientes. También tendrá que mantener su trabajo de mecánico y deberá realizar un curso de mecánica en el Instituto de Formación Profesional vinculado a su oficio. Además tendrá que realizar trabajo comunitario no remunerado por 120 horas en Bomberos Voluntarios de Esquel.

Si incumpliera alguna de las reglas, se revocará el beneficio y se realizará el debate suspendido.

El análisis de la víctima

Luna apoyó que Ríos colabore con los Bomberos para que aprenda lo que es realmente ser un servidor público. "En este hecho esos bomberos voluntarios y su rápido accionar profesional, salvaron parte de mi negocio pero fundamentalmente salvaron a mis vecinos. Porque esto podía haber sido un desastre", sostuvo.

A continuación transcribimos textualmente las manifestaciones de la víctima.

Me sorprende que el señor Rios diga que no tiene nada contra mí y habla de la palabra miedo, esa palabra soy yo el que la tiene que usar, soy yo el que no les tiene miedo. Por eso que en el caso de Simeoni había que cumplir con lo que fija la ley y puso una prohibición de acercamiento, pero desde mi punto de vista no tiene sentido. Soy yo el que no les tengo miedo…  porque las personas que tenemos la conciencia limpia no tenemos miedo, aunque sabemos que gente como el señor Ríos, Simeoni y el que los contrató son capaces de hacernos daño, de hecho que lo hacen. Pero no les tenemos miedo, tenemos otro tipo de confianza en otro tipo de protección… La gente honesta no debería tener miedo. La gente que no es honesta debería tener miedo de la Justicia, que está demostrado que tampoco le tienen mucho miedo porque de hecho muchas veces los termina beneficiando.

En Septiembre de 2015, dos años y dos días después, nuevamente me siento violentado señor juez. Y esta vez el daño, desde mi punto de víctima, es mucho más grave y mucho más doloroso porque los que me provocan este dolor y este daño son dos jueces.  Con el fallo que tuvieron en la Cámara formada. Por qué digo que es más grave y más doloroso.  Porque comparándolo con septiembre de 2013, en ese momento se produce el hecho y el daño, pero automáticamente tuve el apoyo de mucha gente y la esperanza y confianza puesta en la justicia. Pero en septiembre de 2015, con el fallo de estos jueces, me siento en una impotencia total. Atado de pies y manos.

El Dr. Rivarola me cuenta que yo no podía apelar esto, qué si el fallo hubiese sido diferente el Código le hubiera permitido al señor Ríos apelar, y haber llegado al Superior Tribunal. A mí no me lo permite. Entonces me siento con una impotencia total y atado de pies y manos. Y con un daño tan profundo, que se va a prolongar en el tiempo, porque esta persona que es el autor intelectual, este psicópata, queda totalmente impune.

Desde septiembre de 2013, hasta ahora, yo para con la Justicia no tenía más que agradecimientos, por el compromiso puesto de manifiesto por el Dr. Rivarola, con la colaboración del Dr. Richeri, siendo que el Dr. Rivarola lo tomó personalmente a este caso, porque de entrada se dio cuenta de la gravedad del mismo… Mi agradecimiento también estaba para los jueces que intervinieron antes de este fallo final. El primer juez fue el Dr. Colabelli, después Ud. Dr. O’ Connor, luego intervino una primera Cámara que por unanimidad dieron razón a la Fiscalía, esa Cámara estaba integrada por la Dra. García, la Dra. Estefanía y la Dra. Flavia Trincheri. Nuevamente interviene el Dr. Colabelli, y en esta última Cámara formada, le agradezco también al Dr. Guillermo Müller. Son seis jueces en total que fallaron a favor de la de la demanda del Ministerio Público Fiscal y de la víctima. Quiere decir que hasta el 21 de septiembre de 2015 yo no tenía más que agradecimientos con la justicia y lo sigo teniendo.

Pero el 21 de setiembre de 2015 debo manifestar enfáticamente un rechazo a los fallos del Dr. Omar Florencio Minatta, presidente de la Cámara y el Dr. Alejandro Defranco. Estos jueces pusieron todo el énfasis en cuidar los derechos constitucionales del sr. Ríos y terminar beneficiándolo, con esto de la Suspensión de Juicio a Prueba. Siempre desde mi punto de vista, de víctima y sufriente. Para lograr esto estos jueces fueron refractarios a la gravedad del hecho, a la magnitud del daño que se inició en septiembre de 2013 y que continúa hasta ahora porque mi negocio nunca se pudo recuperar. Es más está funcionando a la mitad porque perdí el rubro perfumería con el que se inició este negocio.

Estos jueces ignoraron la gravedad del hecho, la magnitud del daño, ignoraron acumulación de pruebas presentadas, ignoraron el hecho de que había una investigación en curso tratando de imputar a un autor intelectual, siendo que teníamos indicios más que firmes…

Estos jueces fueron tan insensibles con la víctima a tal punto que me invisibilizaron y fueron muy respetuosos de la ley, su interpretación de la ley, hacia el imputado. Recalco, su interpretación de la ley, de estos dos jueces distinta a la interpretación de la ley que tuvieron seis jueces anteriores. Para ser claro, me siento muy agredido por los jueces Dres Minatta y De Franco, más agredido que por los delincuentes porque de los delincuentes no se puede esperar nada, pero de estos jueces sí se podía esperar más.

Homicidio de Sobieraj

Aguayo fue declarado culpable
 

Lo decidió el Tribunal luego de escuchar los alegatos. La Fiscalía acusó por homicidio simple en tanto que la Defensa planteó que Aguayo no tuvo intención de matar y que la muerte se produjo por alguna otra circunstancia que impidió que Sobieraj sobreviviera a las lesiones, por lo tanto debía ser encontrado responsable de lesiones gravísimas. Los jueces Jorge Criado, Martín O' Connor y Ricardo Rolón entendieron que la prueba del dolo de matar es contundente. Este viernes a las 9 hs. se debatirá la pena a imponer.

 

No quedó mucho por discutir en el juicio. En gran medida, gracias a las cámaras de seguridad de la zona, la autoría y parte de la dinámica del hecho quedó demostrada objetivamente. Por su parte el imputado, Miguel Adrián Aguayo, reconoció que fue el autor de las estocadas, aunque al comienzo del debate volvió a insistir con la idea de que fue para defenderse.

Casi el único aspecto controvertido fue el subjetivo. Si Aguayo actuó esa noche con intención de matar o no. Para la fiscal Fernanda Révori, la intencionalidad surge claramente del análisis de su accionar para el defensor Marcos Ponce, de ese accionar surge lo contrario. Cada uno intentó argumentar en su alegato a favor de su teoría del caso. Los jueces hicieron un cuarto intermedio para deliberar y a las 13:30 hs. dieron a conocer el veredicto.

Jorge Criado, presidente del Tribunal, fue el encargado de informar a Aguayo, a las partes y a los familiares de la víctima que se encontraban en la sala, que declaron al imputado responsable del delito de homicidio simple.  Los magistrados coincidieron en que es evidente que actuó con intención de matar. Si bien en la sentencia analizarán pormenorizadamente los fundamentos de esta certeza, adelantaron algunos. Indicaron que quedó probado que Sobieraj había salido del bar con el parroquiano que lo acompañaba. Que más tarde quiso volver, que no lo dejaron entrar, que golpeó la puerta, probablemente también la patearon. Que Aguayo salió a hablar con ambos, que se generó una discusión en la que probablemente hubo insultos y que luego el imputado fue a buscar el arma homicida a su vehículo que estaba estacionado en la calle. Ya con el cuchillo aplicó varias estocadas a Sobieraj, en cantidad y gravedad, en un acto dinámico que quedó registrado por la cámara y esa evidencia es contundente. También dijeron los jueces que mantuvo en el hecho un rol agresor, en tanto que la víctima y su acompañante procuraban huir.

Para los magistrados la conducta de Aguayo demuestra su voluntad, ya que podría haber adoptado otras acciones. Consideraron esta evidencia como clara y contundente respecto del dolo de matar.

El defensor planteó sobre el final del alegato que si Aguayo hubiera tenido intención de matar, hubiera ultimado a Sobieraj cuando se lo cruzó posteriormente, ya herido en Av. Ameghino, tal como quedó registrado en otra cámara. La fiscal cuestionó esa lectura indicando que el imputado nunca se cruzó de frente con la víctima y que en realidad no lo vio porque estaba persiguiendo al otro sujeto que la acompañaba. El Tribunal entendió que en esa circunstancia hubo muchos elementos para que el imputado desistiera de su conducta agresiva: la cantidad de gente que andaba en el lugar, que Sobieraj se veía evidentemente lesionado, entre otras.

El viernes a las 9 hs. las partes discutirán el monto de la pena y seguramente una semana después se conocerá la sentencia completa.

Juicio por el homicidio de Sobieraj

Este martes se realizó la primera jordana de debate por el crimen de Edgar David Sobieraj, ocurrido la madrugada del 20 de septiembre de 2014. El imputado dijo que cometió el hecho pero que fue para defenderse y si no lo hubiera hecho, habría muerto él.

Aproximadamente a las 5:00 hs. del sábado 20 de septiembre del año pasado, Miguel Adrián Aguayo salió del bar "No se dice" ubicado en Sarmiento al 200 de Esquel cuando vio que Víctor Hugo Ulloga y Edgar David Sobieraj volvieron al bar luego de haberse retirado minutos antes.  Ya en el exterior, Aguayo comenzó una discusión con Sobieraj por el modo en que pretendía ingresar, dirigiéndose hasta su vehículo, que había dejado estacionado en el lugar, extrayendo de su interior un cuchillo cabo de alpaca de unos 27 cm de longitud, con el cual acometió con intenciones de darle muerte a Edgardo David Sobieraj, asestándole varias estocadas que le ocasionaron al menos tres heridas, las que por su entidad comprometieron órganos vitales y le provocaron un shock hipovolémico y su posterior deceso en el HZE.

La Dra. Fernanda Révori calificó el hecho como homicidio simple

Marcos Ponce, por la Defensa Pública, sostuvo que Aguayo "no tuvo intención de matar a la víctima ni a nadie. Si hubiese tenido intención de matar hubiera procedido de otro modo".

Luego de los discursos de apertura comenzó la declaración de testigos.

Asumió nueva funcionaria en El Hoyo

María Marta Ponce Ventura prestó juramento de ley para el cargo de Funcionaria de Fiscalía en la delegación de El Hoyo. Con su incorporación se cubrió la vacante existente y se completó la planta de esa oficina, integrada por el Fiscal Oscar Oro y la Funcionaria Débora Barrionuevo. La flamante funcionaria fue puesta en funciones por la Fiscal Jefe, María Bottini, con la participación de todo el personal de la Institución, familiares y amigos.

El Consejo de Fiscales convocó a un concurso público de antecedentes y oposición para la cobertura de este cargo, mediante la Convocatoria N° 02/15 CF, celebrado el 25 de junio. El Tribunal Evaluador lo declaró desierto.

El 27 de agosto se realizó un concurso similar para un cargo de funcionario en la Oficina Única de Trelew, en el que la Dra. Ponce Ventura, aprobó e integró el orden de mérito. El fiscal Oscar Oro, solicitó que se la designe en el cargo vacante en El Hoyo, por la urgencia de cubrir ese puesto, por su experiencia de trabajo en el Ministerio Público Fiscal de esa ciudad y porque se mostró dispuesta a trasladarse y radicarse en El Hoyo.

Por su parte los Fiscales Jefes de Esquel y Trelew prestaron conformidad para que se realice el traslado y la Procuración General lo habilitó mediante Resolución 94/15 Pg.

Lara fue condenado a 5 años y medio de prisión

Martín O' Connor, Jorge Criado y José Colabelli, leyeron la sentencia en el juicio en que Facundo David Lara fue encontrado penalmente responsable de robo agravado por el uso de arma en concurso real con violación de domicilio, ocurrido el 13 de febrero de 2015. La Fiscalía había solicitado que se le imponga la pena de siete años de prisión, en tanto que la Defensa pidió que se perfore el mínimo legal y se aplique la pena de tres años. El Tribunal rechazó el planteo de inconstitucionalidad de la pena prevista por la ley, ponderó agravantes y atenuantes y condenó a Lara a la pena de cinco años y seis meses de prisión.

El defensor Marcos Ponce había solicitado que se declare inconstitucional, para este caso concreto, el mínimo legal previsto para el agravante del robo con armas. Los jueces rechazaron por unanimidad este planteo por considerar que los magistrados no están habilitados a inmiscuirse en el ejercicio de la política criminal que el sistema republicano de gobierno asigna al Legislador. "…Se aplicará el remedio excepcional de la declaración de inconstitucionalidad de una norma cuando la misma repugne a los principios, derechos y garantías reconocidos por la carta magna. No simplemente cuando no se comparte lo legislado."

También coincidieron los jueces en que en este caso, aunque el mínimo legal es alto, la sanción que encontraron proporcional al hecho se ubica por encima de ese mínimo.

La escala penal disponible es muy amplia y para definir el monto de pena a aplicar los magistrados consideraron agravantes y atenuantes. Entre los primeros valoraron el horario en el que se cometió el hecho, entre las 0:30 y las 0:40 hs. No solo la oscuridad fue considerada por el autor para garantizar la impunidad, sino que también eligió un horario en el que la mayoría de la gente está en su casa durmiendo. La rotura del vidrio de una ventana para ingresar, el uso de un arma de utilería (además del arma blanca), la intimidación a los cuatro ocupantes de la vivienda, dos de ellos niños y los motivos que lo llevaron a delinquir.

Como atenuantes, el Tribunal tomó en cuenta la edad de Facundo Lara, la falta de antecedentes penales, sus posibilidades de reinserción social y su historia de vida. Sobre este último punto consideraron que la falencia auditiva que sufre Lara "lo ha llevado a tener una ardua infancia, a tener problemas de aprendizaje, a haber debido utilizar un audífono –costoso socialmente por las burlas que implicaba-, dificultades para una correcta inserción social –incluso en su relación de pareja -, un espinoso acceso al mercado laboral".

La sentencia aun no está firme, por ese motivo la Fiscalía solicitó que se mantenga la prisión preventiva que Lara cumple desde el mes de febrero. El Tribunal dispuso la continuidad de la medida hasta que la resolución quede firme.

Juicio rápido por tentativa de hurto

La Fiscalía pidió doce meses la Defensa uno

Se realizó este viernes el debate en el caso que se tramitó con el procedimiento de juicio rápido. Las partes solo discutieron la pena a imponer ya que el imputado reconoció la autoría. El Fiscal considera que el imputado tuvo reiteradas oportunidades de internalizar las normas y no lo hizo. El defensor planteó que una pena proporcional al hecho juzgado es la de un mes de prisión.

La decisión del juez José Colabelli se conocerá el lunes 19 a las 12 hs. Burgueño no quiso estar en la sala mientras se celebraba el juicio. Luego de la presentación del caso por la Fiscalía, se exaltó contra el fiscal, dijo que se quería ir y permaneció el resto del debate en una sala continua.

El hecho tuvo lugar el 7 de septiembre. Dos meses después se realiza el debate. Sin lugar a dudas el caso no es el que encontró una resolución judicial más rápida en la circunscripción. Existen varios casos que finalizaron en conciliación el mismo día en que se cometió el hecho e incluso un juicio abreviado en el que el imputado fue condenado un día después de cometido el robo en un comercio céntrico.

El caso que ahora se juzga, podría haberse resuelto antes con un juicio abreviado ya que Pablo Samuel Burgueño, detenido en flagrancia, reconoció en audiencia pública la autoría. Sin embargo no hubo acuerdo entre la Fiscalía y la Defensa sobre la pena que debía aplicarse y respecto de este único punto es que se debatió en el juicio.

El lunes 7 de septiembre, Burgueño fue a una audiencia en el marco de una investigación que finalizó la semana pasada con un juicio abreviado en el que las partes acordaron una pena de diez meses de prisión efectiva. Como llegó temprano a la audiencia, ingresó a la zona de las oficinas de los jueces penales, habló con una  juez de cámara a la que le planteó que estaba pasando un mal momento y ella le dio algo de dinero. Al irse vio vacía la oficina de otra juez, ingresó y sustrajo una notebook con el cargador y el mouse, para darse a la fuga.

Al volver la magistrada a su oficina notó inmediatamente el faltante, preguntó y le indicaron que había estado Burgueño por el lugar. Los policías de seguridad del edificio salieron en su búsqueda alcanzándolo muy cerca de los Tribunales. Al momento de la detención se cayó la computadora portátil, de entre la ropa del imputado.

Con la evidencia de la flagrancia, Burgueño se reconoció autor del hurto. La Fiscalía, valoró que no requería mayor trámite la investigación y solicitó que se habilite el procedimiento de juicio rápido.

Exaltado

Fernando Rivarola presentó la prueba respecto de la que existió un acuerdo con la defensa. En el contexto de esa prueba leyó las ocho hojas enviadas por el Registro Nacional de Reincidencia, en la que figuran condenas por encubrimiento, robo en poblado y en banda, lesiones leves, desobediencia, lesiones leves agravadas por el vínculo y hurto.

Cuando el juez le dio la palabra a Burgueño, este comenzó a referirse de modo prepotente hacia el fiscal. El juez le pidió que se dirija con respeto pero Burgueño continuó en la misma línea, diciendo que reconoce este hecho pero que de todo lo demás que se dijo hay cosas que no son ciertas, que a él se le hizo mucho daño. En medio de agravios dijo que quería irse de la audiencia y, con la autorización de Colabelli, los policías lo condujeron a la sala contigua.

La discusión por la pena

La escala penal para el delito de tentativa de hurto va de 15 días a 16 meses de prisión. El fiscal consideró que la pena justa para este caso es la de 12 meses de prisión. Para decidirlo tuvo en cuenta que Burgueño cometió este hecho cuando estaba gozando de libertad asistida, con claras reglas de conducta que incumplió. Estaba en los tribunales para asistir a una audiencia penal previa a un juicio que debía enfrentar en su contra. Había pasado ya por varios procesos penales. Estaba en un edificio que cuenta con custodia policial y que es justamente el lugar en el que se establecen sanciones a las conductas contrarias a la ley. Había sido recibido y ayudado por una juez penal, y pese a todo eso no dudó en cometer un nuevo delito. En ese contexto y teniendo en cuenta que ya es un hombre de 30 años, al que es exigible mayor internalización de las normas que a un adolescente, Rivarola fijó su pretensión punitiva en 12 meses, más una nueva declaración de reincidencia.

Por su parte el Defensor Marcos Ponce pidió que la pena se ajuste proporcionalmente al delito. Para esto detalló varios fallos en los que las penas por hurto fueron fijadas en un mes de prisión. También indicó que la justicia de la pena va de la mano con su efectividad para cumplir con el fin resocializador e interpretó que no es esperable que cumpla tal fin en el modo en que se llevaría a cabo en el caso. También señaló que no hubo un perjuicio concreto por el hecho porque la computadora fue recuperada. Como conclusión de su análisis pidió que se aplique la pena de 1 mes de prisión más la declaración de reincidencia.

 

El rol de víctima

En este caso las víctimas fueron la juez Carina Estefanía y la Administración Pública Provincial porque la computadora pertenece al Poder Judicial. En su carácter de víctima, la juez Estefanía hizo uso de la palabra. "Solamente quiero sumar algunas cuestiones que tienen que ver con este hecho y con la respuesta que espero que el Poder Judicial pueda darle no solo a mí como víctima sino también a la administración pública y a la sociedad", indicó. La magistrada habló sobre un cambio en la delincuencia actual que comienza a cometer hechos que a nadie se le hubieran ocurrido. También sostuvo que lo que la gente le transmite en cada lugar que va, es que si le roban a un juez en su despacho "qué queda para el resto de las personas". "Este hecho exacerba ese sentimiento de inseguridad que tiene la población", indicó. A su criterio la mejor respuesta para el caso es que la justicia actúe rápido. En otro tramo de su alocución señaló que no sabe si la pena que se le aplique a Pablo Burgueño va a resolver el problema de su historia vital "la comisión reiterada de delitos contra la propiedad, ello porque advierto que si bien reconoce la autoría no se le representa como un problema propio".

Estefanía señaló que Burgueño es un claro ejemplo de las deficiencias del Estado a la hora de hacer todo lo posible para que la pena tenga un efecto resocializador.