Se trata del hecho que damnificó al kiosco ubicado en Fontana y Rivadavia de Esquel, en el que un encapuchado armado amenazó al joven que atendía el comercio y se llevó la recaudación. En ruedas de reconocimiento, los testigos lo señalaron con total convicción y también reconocieron una prenda de vestir que sería la que llevaba puesta al momento del atraco. El Fiscal habló de otra investigación que lo tienen como sospechoso y de otro hecho grave en el que se encuentra imputado. Para el acusador la familia ya evidenció que no puede contenerlo y solo puede disponerse su internación en el COSE. Pese al compromiso del padre y a los planteos de la Defensa y de la Asesoría, la Juez de la causa entendió que la medida mas apropiada para preservar a la investigación y a los testigos, es la internación, a la que le fijó un plazo de 45 días.
El 9 de enero pasado, alrededor de las 3.45 de la madrugada, un encapuchado portando un arma de fuego tipo escopeta recortada o similar, le exigió al empleado del comercio ubicado en Fontana y Rivadavia, que le abriera la puerta exhibiéndole el arma en cuestión y anunciándole "...no te hagas el boludo o te hago boleta...". Así fue como pudo ingresar al local, exigiéndole al joven que lo lleve a la caja y le entregue el dinero, unos $400 “discriminados en billetes chicos -cambio- y monedas, que previamente le hizo poner a la víctima en una bolsa de plástico. Tras ello, y en el mismo contexto fáctico descrito, trasladó a la víctima hasta un depósito, le preguntó si había otra caja recibiendo respuesta negativa y, después, cortó los cables del teléfono fijo del lugar y se apoderó del teléfono móvil” de su víctima, sostiene la imputación. “Por último -siempre junto a la víctima- salió del kiosco hasta la intersección de calles Rivadavia y Pellegrini, lugar donde devolvió el celular a su dueño y se dio a la fuga a bordo de un ciclomotor marca Gilera que había dejado en el lugar al cuidado de dos jóvenes a quienes les había pedido ese favor.”
Reconocido
Luego de la audiencia de formalización de la investigación se realizaron distintas medidas de reconocimiento. En primer lugar se presentaron objetos secuestrados, primero una remera y luego dos cuellos polares, ante los testigos. Dos de los testigos reconocieron la remera y uno de ellos señaló cual de los cuellos creía que llevaba puesto.
Lo mas contundente fue el resultado de la rueda de reconocimiento de personas. Fue indubitable la actitud de cada testigo a su turno. Los tres supieron indefectiblemente que el imputado era, entre los tres parecidos que participaron de la rueda, el sujeto que aquella madrugada cometió el asalto al kiosco.
Pedido ineludible
El Fiscal Martín Zacchino, luego de finalizados todos los actos procesales previstos, pidió que se retome la audiencia para solicitar medidas de coerción. El representante del Ministerio Público indicó que con los avances que tiene la investigación, puede preverse que será breve el plazo previo a la presentación de la acusación pública solicitando la apertura del juicio.
Uno de los elementos claves que restan es el hallazgo del arma empleada en el robo, fundamental para sostener en el juicio la imputación respecto del agravante que prevé la ley.
Zacchino indicó que en otra investigación relativa a un robo a un comercio con la misma modalidad y el mismo tipo de arma de fuego, el menor imputado en esta causa está sospechado como uno de los posibles autores, aunque por el estado de la investigación aun no se está en condiciones de formalizar una imputación. Sin embargo, el Fiscal indicó que también en relación al avance de esa investigación existe un riesgo de entorpecimiento.
Entorpecimiento
Se conoció en la audiencia que el imputado habría visitado a su víctima, la misma que cuando se produjo el hecho amenazó anticipándole represalias si avisaba a la policía. En ese encuentro le pidió que levante la denuncia en su contra, generando un claro acto intimidatorio. Al tomar conocimiento de esta situación, la Fiscalía dispuso inmediatamente medidas de protección para el testigo y para el comercio y destacó esta situación, así como el riesgo en el que se encuentran los dos menores que declararon como testigos en la causa, en caso de que el imputado quede en libertad.
Zacchino sostuvo que esta actitud del imputado da cuenta de un accionar tendiente a ubicarse en una mejor posición procesal, influyendo sobre los testigos.
“Todas estas circunstancias en conjunto, sumado además a las características del hecho y a la pena con la cual amenaza el Código Penal, cuyo tratamiento en el caso de los menores de edad tiene una implicancia diferente pero no por ello menos grave, autoriza y amerita que el Ministerio Público solicite una medida de coerción personal.
Otras causas
Este menor de edad tiene otras causas abiertas en la Fiscalía. En algunas de ellas, por hechos mucho menos graves, logró la conciliación con las víctimas, sin embargo otra causa con características de suma violencia lo tiene por imputado. Se trata del robo al taxista ocurrido en el mes de octubre de 2008. Ese hecho fue calificado como robo agravado por el uso de arma en concurso real con privación de la libertad coactiva agravada por el uso de violencia.
En aquella causa el menor sufrió una medida de privación de la libertad en su domicilio a cargo de su familia, en la que su madre se había comprometido a dar aviso a la policía en caso que el chico la desobedeciera y quisiera salir de la casa. Zacchino tomó el antecedente indicando que evidentemente la familia no logró contenerlo, porque poco tiempo después vuelve a estar vinculado a un hecho delictivo grave.
“Teniendo todos estos elementos, que los entiendo de calidad a la hora de resolver sobre esta medida de coerción, entiendo, pensando inclusive en el resguardo del propio menor, que no puede cumplir una medida de coerción en un hogar o en un domicilio donde la contención es solamente una intención, por la razón que fuere, ojalá pueda mejorarse porque sería lo ideal, pero entiendo que dada la gravedad de los hechos que se investigan, no hay otra opción mas que peticionar su internación en el COSE por el tiempo que dure este proceso, al menos hasta la celebración de la audiencia preliminar”, indicó Zacchino.
En el caso de los menores este encierro máximo posible es de tres meses.
Oposición de la Defensa
La Defensa pública, representada por la Dra. Valeria Ponce y acompañada por un representante de la Asesoría de familia, se mostró contraria a la internación del chico y planteó una alternativa para que pueda quedar a cargo de su familia y con talleres y seguimiento realizados por el Servicio de Protección de Derechos. El padre del menor habló en la audiencia y se comprometió a ser más estricto en el control de su hijo y a llevarlo a trabajar con él. También estuvieron presentes en la audiencia los hermanos mayores del imputado.
Al COSE
La Dra. Nelly García, luego de un breve cuarto intermedio, analizó lo planteado por las partes y valoró la cantidad y calidad de los elementos que vinculan la imputado con el hecho. La magistrada no tuvo en cuenta la causa en la que se lo tiene por sospechoso, señalando que por no haber aun elementos que permitan formular una imputación en su contra, no puede ser considerada en el análisis. Sin embargo la Dra. García prestó especial atención al proceso abierto a partir del robo al taxista, ya que a apenas dos meses de alcanzada la libertad en ese proceso, luego de haber tenido un arresto domiciliario, vuelve a estar vinculado a un hecho sumamente grave. Aquella prisión domiciliaria se prolongó desde la detención hasta el 25 de noviembre de 2008. “Tengo en cuenta que este mismo grupo parental, a pesar de la medida de coerción y del alerta que ya tuvo de que este adolescente estaba involucrado en hechos graves, no evitaron que quede implicado en otro hecho de similares características. Por eso entiendo que, tal como lo dijo el señor Fiscal, una segunda prisión domiciliaria o una segunda entrega a la familia, no nos garantiza que se vaya a neutralizar este peligro procesal de entorpecimiento”, destacó la Juez “…ni siquiera un peligro procesal va a poder neutralizar cuando no pudo evitar que cometa un nuevo hecho”.
La magistrada encontró fundada la decisión de internarlo en el COSE. Esta, es una institución en la que contará con diferentes actividades, algunas formativas y también con asistencia psicológica. La resolución acortó el plazo pedido por el Fiscal a 45 días, considerando que en ese tiempo se podrán completar las medidas procesales restantes con vistas a la formulación de acusación pública.
En este plazo el COSE deberá trabajar con la familia procurando que la externación resulte mas segura.
